Hace unos días, y después de tener que esperar 9 meses a que compareciera, el 17 de febrero, la consejera responsable del departamento de Educación, Cultura y Deporte, Mª Victoria Broto, vino a las Cortes, a petición de CHA, para “informar y dar respuesta detallada sobre la actuación de su Departamento en relación con la protección del patrimonio cultural en Bastarás, y, en concreto sobre la destrucción del yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves“.
Nueve meses después de conocer la agresión cometida contra el yacimiento neolítico más importante de Aragón y uno de los más notables de España de esa época, la Consejera achacó toda la responsabilidad a los propietarios de la finca donde está ubicado el yacimiento, y todo el mundo entendemos perfectamente que la tienen, pero no debía haber eludido la responsabilidad del Gobierno.
El Gobierno de Aragón ha sido injustificadamente permisivo con los propietarios de la finca -conocedores del valor patrimonial de la Cueva- que, como si como si viviéramos en plena Edad Media, han actuado con total impunidad.
Broto ha venido a las Cortes casi un año después del descubrimiento del desastre en la Cueva de Chaves para hablar de las gestiones que ha realizado su departamento desde entonces. Pero, ¿por qué el Gobierno de Aragón, responsable de la protección del patrimonio cultural aragonés, tarda nueve meses en venir a dar las explicaciones que se le solicitan?
El Gobierno prefería hablar de las medidas adoptadas con posterioridad al 2 de marzo de 2009, en vez de hablar de lo que podía (y debía) haber hecho para evitarlo. Consiguió su objetivo: tardando nueve meses en informar en las Cortes, el tema había perdido buena parte de la actualidad que tenía antes del verano pasado. Y, en consecuencia, si existe alguna responsabilidad por su parte, tanto tiempo después queda muy pero que muy diluida. ¿Esto no es utilizar la institución parlamentaria?
CHA solicitó esta comparecencia y la del Consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, un 9 de mayo de 2009. El Consejero de Medio Ambiente tardó 5 meses, y ya nos pareció una exageración… pero 9 meses es una auténtica barbaridad. ¿Qué pensaría la gente si lo supiera? Con frecuencia hay comentarios en los medios de comunicación sobre el funcionamiento de las Cortes y sobre la distancia que tiene con la sociedad, como si los grupos de la oposición estuviéramos permanentemente en las nubes… y lo que todo el mundo debe saber y recordar es que los partidos que gobiernan (PSOE y PAR) son los que marcan los tiempos prácticamente para todo.
La falta de voluntad política del Gobierno -y, en este caso, de los responsables de la protección del patrimonio cultural aragonés- para garantizar la máxima transparencia en su gestión y de dar cuenta de su responsabilidad, es notoria.
El G.P.CHA ha estado formulando preguntas desde el mes de marzo de 2009 hasta el día de hoy para conocer qué tareas de inspección y control había llevado a cabo la dirección general de Patrimonio Cultural para la protección, conservación y difusión del yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves, así como la planificación de las actuaciones en el yacimiento. Y no hemos conseguido que nos dijeran nada claro.
La propia consejera Broto explicó que no pueden tener vigilancia las 24 horas del día en cada uno de los Bienes de Interés Cultural de Aragón… De acuerdo, parece lógico, pero: ¿es normal no pasar durante un año y medio por un yacimiento de este valor y dejar a la gestora del coto actuar con total impunidad? En todo caso, hay que agradecer al director del Museo de Huesca y director de las excavaciones que se realizaron en el yacimiento, Vicente Baldellou, que se pasara por allí un 2 de marzo de 2009 en vez de un 2 de marzo de 2010, tres años después…
Tal y como reconocen los especialistas, el valor de los materiales arqueológicos de la Cueva la han situado en la primera línea de la investigación arqueológica. Luego, si ha sucedido lo que ha sucedido es porque la protección de la que goza el yacimiento es insuficiente… o no existe el control necesario para garantizarla… o la manga ancha con FINBAS ha sido desproporcionada.
La realidad es que hace más de 30 años un grupo de empresarios adquirió el pueblo deshabitado de Bastarás y su antiguo término municipal, y lo convirtió en un coto privado de caza. Vallaron su propiedad con una cerca de 20 km y soltaron especies de caza mayor. El vallado atraviesa cauces, zonas de servidumbre de dominio público… una vergüenza… hasta el punto de que el Justicia de Aragón pidió incluso al Gobierno y al Ayuntamiento de Casbas que actuaran en defensa de los intereses públicos.
La dirección general de Patrimonio Cultural actuó bien al presentar denuncia ante la fiscalía nada más tener conocimiento del hecho como delito contra el Patrimonio Histórico y reiterar la voluntad de exigir las responsabilidades al máximo. Pero, ¿qué ha tenido que ver el Gobierno de Aragón en todo ello y, concretamente el departamento de Medio Ambiente? Alfredo Boné era conocedor de las numerosas quejas y denuncias ante las obras realizadas por la empresa propietaria, FINBAS, S.A., pero no hizo nada (salvo unas cuantas multas irrisorias)… y Mª Victoria Broto tampoco, que yo sepa. ¿O es que no hay comunicación entre Medio Ambiente y Cultura? ¿Eso es un Gobierno?
La figura de protección medioambiental del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara no ha servido para proteger el yacimiento y, en el fondo, podríamos preguntarnos de qué sirve que la Cueva esté teóricamente protegida por ser patrimonio arqueológico (y, por tanto, dominio público) y por su inclusión en un entorno de protección BIC (sin que se haya concretado su protección), si puede pasar lo que ha pasado.
¿Hay responsabilidad institucional? Sin duda, por haber permitido a los propietarios de la finca -conocedores del valor patrimonial de la Cueva, insisto- que hayan actuado con total impunidad, como si viviéramos en plena Edad Media o en pleno periodo caciquil.
Con “tanta protección”, como se deduce de las palabras de la consejera Broto y de su director general de Patrimonio Cultural, Jaime Vicente, y con tan poca efectividad, lo cierto es que esta joya del patrimonio histórico aragonés se ha quedado prácticamente en nada, convertido en un pesebre para la caza en un coto privado. ¿Realmente era “tanta” la protección?
Hay otros ejemplos en la Canal Roya que están corriendo ese mismo riesgo de destrucción, así que esperemos que esto sirva para evitarlo. Pero de momento, el yacimiento, uno de los mejores de España en el periodo neolítico, ha sido destruido.
La Cueva de Chaves estuvo demasiado tiempo abandonada y olvidada (salvo para especialistas), y dejaron a la gestora del coto a su aire por completo. Para regocijo de los propietarios, no estaba incluida en ningún circuito cultural que permitiera visitarla y mantener una cierta vigilancia y ahora el perjuicio es para todos, como ya señalara el propio alcalde de Casbas: un auténtico escándalo, como ya señalara Juan Luis Arsuaga, paleontólogo y codirector de Atapuerca.
Este es un ejemplo más de conflicto entre intereses públicos y privados en los que la Administración no es capaz de proteger adecuadamente un valiosísimo patrimonio cultural, histórico y natural porque priman los intereses particulares. La justicia tiene que actuar sin miramientos con las personas responsables de semejante vandalismo, y ahí el Gobierno tendrá todo nuestro respaldo, pero todos querríamos saber por qué se les ha permitido hacer lo que han hecho y por qué no ha existido en el Gobierno de Aragón, la coordinación mínima exigida.