La Iglesia irlandesa ocultó abusos sexuales a menores en connivencia con las autoridades del Estado. Esas son algunas de las conclusiones de un documento presentado por el ministro de Justicia, Dermot Ahern 26/11/2009
Dublín. (EFE).-
La Iglesia Católica irlandesa gozó de inmunidad durante décadas para ocultar los abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes de la Archidiócesis de Dublín, reveló un informe elaborado por una Comisión presidida por la juez Yvonne Murphy.
La connivencia entre la jerarquía eclesiástica y las autoridades del Estado, entre ellas la propia policía y la Fiscalía, sirvió, dice el texto, para encubrir los esfuerzos de cuatro obispos dublineses por mantener el "prestigio de la iglesia, proteger a los pederastas y los bienes de la Iglesia, y evitar escándalos". Esas son algunas de las conclusiones de un documento presentado públicamente por el ministro irlandés de Justicia, Dermot Ahern.
El texto, de 700 páginas, ha visto la luz con una serie de cortes para no prejuzgar presentes o futuros casos penales, al tiempo que se ha eliminado toda referencia a aquellos sacerdotes que se enfrentan a procesos penales ante el temor de que pudiera afectarlos, por lo que se utilizan seudónimos para proteger la identidad de otros.
El informe, fruto de tres años de investigaciones, asegura que la política y tácticas ocultistas de la Iglesia se pueden resumir bajo la frase de tintes mafiosos "no preguntes, no hables". "La Comisión no tiene duda alguna de que el abuso sexual clerical fue encubierto por la Archidiócesis de Dublín y otras autoridades de la Iglesia. Las estructuras y reglas de la Iglesia Católica facilitaron ese encubrimiento", explica el texto.
"Las autoridades del Estado -prosigue- facilitaron el encubrimiento al no cumplir con sus obligaciones y asegurar que la ley se aplicase a todos por igual, lo que permitió a las instituciones de la Iglesia mantenerse fuera del alcance del proceso legislativo normal".
La Comisión investigadora de la Archidiócesis de Dublín ha examinado las acusaciones de 450 personas presentadas contra 46 sacerdotes por hechos ocurridos entre 1975 y 2004, así como el manejo del escándalo por parte de diecinueve miembros de la jerarquía católica, entre ellos el cardenal Desmond Connell.
El purpurado llegó a acudir a los tribunales para impedir la entrega de unos 5.000 documentos archivados durante su ejercicio al frente de la Archidiócesis, petición que le fue denegada.
Cuando abordó las denuncias de maltratos sexuales, Connell estableció en dos ocasiones juicios secretos bajo los términos de la Ley Canónica, según el informe.
Aunque la Comisión no halló pruebas de la existencia de una red organizada de pederastia en la Archidiócesis, detalló varios casos tan estremecedores como los recogidos en el llamado "Informe Ryan" del pasado mayo.
Un sacerdote, por ejemplo, admitió haber cometido abusos sexuales contra más de 100 menores, mientras otro confesó que, durante el ejercicio de más de 25 años de Ministerio, abusaba de menores cada "dos semanas".
En otra instancia, el informe denuncia que la policía irlandesa (la Garda) tardó 20 años en presentar cargos contra un sacerdote. "Altos cargos de la Garda, incluido el Comisionado (máximo responsable) en 1960, consideraban que los curas estaban fuera de su alcance. Hay algunos casos en que los agentes, de hecho, informaban a la diócesis sobre denuncias en lugar de investigarlas", añade el texto.
Los precedentes
Aunque los abusos físicos y psíquicos de niños en parroquias e instituciones educativas públicas gestionadas por la Iglesia han sido sistemáticos desde la creación del Estado Libre irlandés (1922), uno de los primeros casos que alcanzó notoriedad fue el del padre norirlandés Brendan Smyth, quien ejerció en Belfast, Dublín y EEUU.
El sacerdote fue arrestado en 1994 en la República de Irlanda y encarcelado después por abusar sexualmente de 20 menores, niños y niñas, durante un periodo de más de 40 años.
Su detención golpeó no sólo a la Iglesia Católica y a la sociedad, incrédula aún respecto a este tipo de casos, sino también al Gobierno de la época, que abandonó el poder por su chapucero manejo del proceso de extradición a Irlanda del Norte de Smyth, quien falleció en prisión en 1997 a los 70 años de edad.
Ocho años después, la pequeña diócesis de Ferns, al sureste de Irlanda, acaparó la atención nacional e internacional cuando un informe reveló la existencia de más de cien casos de abusos sexuales cometidos entre 1962 y 2002 por sacerdotes, algunos de los cuales trabajan o trabajaron en algún momento en la de Dublín.
Tres clérigos resultaron especialmente malparados, Sean Fortune -responsable de 26 agresiones-, Donal Collins -director de escuela- y Martin Clancy, quien violó y dejó embarazada a una niña de 14 años.
Aquella investigación también denunció la pasividad de varios obispos de la diócesis a la hora de proteger a los menores y la actuación de la Policía, acusaciones que se han repetido en posteriores investigaciones.
En este sentido, el obispo de la diócesis de Cloyne, en el condado sureño de Cork, John Magee, se vio obligado a abandonar su cargo el pasado marzo por violar las reglas establecidas por la Iglesia para abordar este tipo de asuntos retrasando, por ejemplo, el comienzo de las pesquisas sobre supuestos abusos.
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