ACTUALIDAD EN LAS AULAS. El Departamento de Educación de la DGA deberá modificar la orden que regula el Bachillerato. La sentencia del Tribunal Supremo obliga a suprimir uno de los artículos de la normativa.Ministerio y consejería acatan el fallo y se muestran dispuestos a introducir los cambios. 12/03/2009 MICHEL VALLÉS
El Tribunal Supremo ha anulado con una sentencia la posibilidad de que los alumnos de Bachillerato pasen de curso habiendo suspendido tres o cuatro asignaturas. Esto significa que los estudiantes pueden matricularse en las materias no superadas de primero y en unas cuantas de segundo y hacerlas en una especie de año puente, a caballo entre primero y segundo. Es decir, el Bachiller se hacía en tres años. Así se contempla en el artículo 14 del real decreto elaborado por el Ministerio de Educación. Y así aparece también en la orden que publicó el Gobierno de Aragón. Con lo cual, según confirmaron ayer desde el Gobierno central, una vez se publique la sentencia, tanto el Ejecutivo estatal como el autonómico deberán modificar sus respectivas normas.
Desde el Ministerio de Educación confirmaron que se acata la sentencia y que el artículo 14.2 en el que se apunta la posibilidad de hacer el Bachillerato en tres años a través de un curso puente quedará anulado. Y eso valdrá también para la orden del Gobierno de Aragón, que dice lo mismo que la estatal. En la consejería dijeron asumir también el fallo del Tribunal Supremo y se mostraron abiertos a introducir las modificaciones que sean necesarias en la norma reguladora. Aún así indicaron que por ahora esperarán a tener la confirmación oficial.
Con todo, lo cierto es que el fallo del Tribunal no ha sentado bien en la comunidad educativa aragonesa. Padres y sindicatos coincidieron en señalar que es un paso atrás para el sistema de enseñanza y se mostraron partidarios de introducir las medidas necesarias para que finalmente pueda flexibilizarse el Bachillerato para los alumnos. No opinaron lo mismo desde la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fecapa), que dijeron estar contentos.
"Creemos que es un retroceso. Sobre todo porque al final los más perjudicados son los alumnos. Lo que perseguía el real decreto era disminuir el fracaso escolar y en este sentido es una mala noticia", explicó Ana Abán, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón. Y exigió a la Administración que extreme las precauciones para que no se repitan este tipo de situaciones que van en detrimento del éxito en las aulas. Bien distinta es la postura de Fecapa. Pedro Martínez, su presidente, remarcó que la sentencia desmuestra que "no se está legislando bien porque una vez más es el Supremo el que corrige al Gobierno". A pesar de ello dijo estar "satisfecho" porque el fallo implica introducir cambios que "premiarán el esfuerzo de los estudiantes".
Los sindicatos tampoco recibieron bien la sentencia. "Es perjudicial para los jóvenes, un paso atrás en todo lo que se está haciendo para mejorar los resultados en la enseñanza", dijo Gloria Pardillos, de FETE-UGT. Y en esta línea subrayó que el artículo anulado por el Supremo no iba dirigido a disminuir la dificultad o la exigencia, sino a la flexibilidad. "Muchos alumnos abandonan el sistema si tienen que repetir un curso entero. Con la posibilidad de hacer un año puente, se abría la puerta a seguir estudiando, pero siempre aprobando todo. No se regalaba".
José Manuel Larrodera, de CCOO, también coincidió en calificar la sentencia como un "retroceso". El representante sindical admitió, sin embargo, que el sistema "implicaba una mayor complejidad organizativa para los centros", pero dijo estar convencido de que la propuesta "era positiva". Entre otras cosas porque "mantenía el nivel de conocimientos que debían adquirir los alumnos, pero distribuidos en tres años". Esto permitía, en su opinión, "proteger a los que arrastraban más problemas para que pudiesen obtener el título en más tiempo, pero no de forma más fácil".
El Tribunal Supremo ha anulado con una sentencia la posibilidad de que los alumnos de Bachillerato pasen de curso habiendo suspendido tres o cuatro asignaturas. Esto significa que los estudiantes pueden matricularse en las materias no superadas de primero y en unas cuantas de segundo y hacerlas en una especie de año puente, a caballo entre primero y segundo. Es decir, el Bachiller se hacía en tres años. Así se contempla en el artículo 14 del real decreto elaborado por el Ministerio de Educación. Y así aparece también en la orden que publicó el Gobierno de Aragón. Con lo cual, según confirmaron ayer desde el Gobierno central, una vez se publique la sentencia, tanto el Ejecutivo estatal como el autonómico deberán modificar sus respectivas normas.
Desde el Ministerio de Educación confirmaron que se acata la sentencia y que el artículo 14.2 en el que se apunta la posibilidad de hacer el Bachillerato en tres años a través de un curso puente quedará anulado. Y eso valdrá también para la orden del Gobierno de Aragón, que dice lo mismo que la estatal. En la consejería dijeron asumir también el fallo del Tribunal Supremo y se mostraron abiertos a introducir las modificaciones que sean necesarias en la norma reguladora. Aún así indicaron que por ahora esperarán a tener la confirmación oficial.
Con todo, lo cierto es que el fallo del Tribunal no ha sentado bien en la comunidad educativa aragonesa. Padres y sindicatos coincidieron en señalar que es un paso atrás para el sistema de enseñanza y se mostraron partidarios de introducir las medidas necesarias para que finalmente pueda flexibilizarse el Bachillerato para los alumnos. No opinaron lo mismo desde la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fecapa), que dijeron estar contentos.
"Creemos que es un retroceso. Sobre todo porque al final los más perjudicados son los alumnos. Lo que perseguía el real decreto era disminuir el fracaso escolar y en este sentido es una mala noticia", explicó Ana Abán, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón. Y exigió a la Administración que extreme las precauciones para que no se repitan este tipo de situaciones que van en detrimento del éxito en las aulas. Bien distinta es la postura de Fecapa. Pedro Martínez, su presidente, remarcó que la sentencia desmuestra que "no se está legislando bien porque una vez más es el Supremo el que corrige al Gobierno". A pesar de ello dijo estar "satisfecho" porque el fallo implica introducir cambios que "premiarán el esfuerzo de los estudiantes".
Los sindicatos tampoco recibieron bien la sentencia. "Es perjudicial para los jóvenes, un paso atrás en todo lo que se está haciendo para mejorar los resultados en la enseñanza", dijo Gloria Pardillos, de FETE-UGT. Y en esta línea subrayó que el artículo anulado por el Supremo no iba dirigido a disminuir la dificultad o la exigencia, sino a la flexibilidad. "Muchos alumnos abandonan el sistema si tienen que repetir un curso entero. Con la posibilidad de hacer un año puente, se abría la puerta a seguir estudiando, pero siempre aprobando todo. No se regalaba".
José Manuel Larrodera, de CCOO, también coincidió en calificar la sentencia como un "retroceso". El representante sindical admitió, sin embargo, que el sistema "implicaba una mayor complejidad organizativa para los centros", pero dijo estar convencido de que la propuesta "era positiva". Entre otras cosas porque "mantenía el nivel de conocimientos que debían adquirir los alumnos, pero distribuidos en tres años". Esto permitía, en su opinión, "proteger a los que arrastraban más problemas para que pudiesen obtener el título en más tiempo, pero no de forma más fácil".
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