El Congreso rechaza pedir la regulación de la apostasía y la eliminación de datos de la Iglesia
La comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy dos pr
oposiciones no de Ley por las que se instaba al Gobierno a regular el derecho y procedimiento para darse de baja en una religión y la eliminación de los datos personales de los registros de las iglesias.
Las propuestas presentadas por ERC-IU-ICV fueron rechazadas por todos los demás grupos parlamentarios, que coincidieron en argumentar que los procedimientos para darse de baja en una confesión religiosa pertenecen al ámbito interno de cada religión, y que los archivos de la Iglesia son de carácter histórico.
Así, el representante del PSOE Jordi Pedret ha subrayado que la apostasía es un acto no jurídico que regula la propia Iglesia y que no tiene efectos jurídicos, por lo que no compete al Parlamento decidir sobre esta cuestión.
En nombre del PP, Eugenio Nasarre, recordó que el Tribunal Supremo ha determinado en hasta cuatro sentencias que los registros de bautismo de la Iglesia católica no son ficheros de datos, sino listados de carácter histórico, por lo que cabe modificarlos con notas al margen, pero no destruirlos. Para Nasarre, borrar los datos sobre los bautismos sería como pretender que desaparezca de los registros la existencia de un matrimonio por la Iglesia una vez que se haya disuelto.
La comisión de Justicia también ha rechazado otra proposición no de Ley de ERC-IU-ICV para instar al Gobierno a revisar los acuerdos del Estado con la Santa Sede del 1975 al 1979 y a reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
Los Grupos Parlamentarios coincidieron en recordar que se trata de una iniciativa "copiada" de la legislatura pasada y vuelta a presentar, y rechazaron que se trate de una ley con "impulsos pre-democráticos" que establece una relación de privilegio con la Iglesia católica.
La diputada del PSOE Meritxel Batet ha subrayado que el Gobierno ya ha anunciado su voluntad de reformar la Ley de Libertad Religiosa en esta Legislatura y que ese será el trámite adecuado para debatir estos asuntos. Además ha asegurado que dicha Ley no dispone una relación de "privilegio de la Iglesia católica ni desatención de las demás".
En nombre del PP, Nasarre ha apuntado que la "neutralidad confesional del Estado no debe suponer una hostilidad" con la Iglesia Católica y que los acuerdos siguen siendo el marco adecuado de relación Iglesia-Estado.
El Congreso rechaza facilitar la apostasía. El grupo parlamentario formado por ERC, IU e ICV había presentado una iniciativa que pedía no "privilegiar" a la Iglesia. 03/02/2009 La Vanguardia
Madrid. (EUROPA PRESS).- Todos los grupos del Congreso han rechazado las iniciativas del grupo parlamentario formado por ERC, IU e ICV en las que se solicitaba al Gobierno que adoptara "las reformas legales oportunas" para establecer un procedimiento que permitiera "de forma rápida y con garantías causar baja de las religiones", así como que se revisaran los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede para eliminar "los privilegios que tiene la Iglesia católica".
El diputado de ICV, Joan Herrera, encargado de defender la propuesta para regular la apostasía, aseguró que las personas que quieren abandonar la fe cristiana se enfrentan "a un proceso lento e incierto" que muchas veces les obliga a recurrir a los tribunales. El político ecosocialista defendió, además, que se debían suprimir los nombres de los apóstatas del registro bautismal "ya que son datos personales sujetos a la Ley de Protección de Datos".
"Poder darse de baja de una religión, dijo, es un derecho recogido en la Constitución española e internacionalmente, por lo que la iniciativa pretende simplemente que el Gobierno cumpla la ley". A su juicio, el PSOE, al votar en contra de la propuesta, "avala que haya organizaciones que estén fuera de la ley".
En esta misma línea, el diputado de ERC Joan Tardà criticó, en su defensa de una iniciativa similar, los "obstáculos burocráticos" que pone la Iglesia para darse de baja, lo que en su opinión supone "una respuesta irresponsable a un acto de ciudadano responsable". Asimismo, pidió al PSOE que apoyara la iniciativa y "se deje de tantos temores", al tiempo que les acusó de encontrarse en una situación de "coito interruptus" porque cuando "hay una amago de que los obispos se suben a las barbas, ustedes se asustan".
Desde las filas del PSOE, el diputado Jordi Pedret señaló que es "poco oportuno en este momento" llevar a cabo dichas modificaciones y recordó el Gobierno tratará de dar solución a esta situación en la reforma que prepara de la Ley de Libertad Religiosa. Además, señaló que distintas resoluciones del Tribunal Supremo consideran que las partidas de bautismo son datos históricos y, por tanto, no deben ser sometidas a la Ley de Protección de Datos.
Para el diputado del PP Eugenio Nasarre, esta cuestión sobre la regulación de la apostasía, "ya rechazada en otras legislaturas, es un falso problema", ya que en la actualidad las personas dejan de pertenecer a una fe con libertad. En su opinión, la propuesta "es aberrante desde el punto de vista jurídico" y "alejada de la configuración moderna de la libertad religiosa".
El portavoz popular recordó que hay cuatro sentencias del Tribunal Supremo en las se establece que los libros de bautismo no son ficheros personales sino "datos históricos ciertos" que no pueden ser objeto de la Ley de Protección de Datos.
Por parte de CiU, Montserrat Surroca manifestó que los procedimientos para darse de baja de una religión "deben ser regulados por la propia religión y el Gobierno debe mantenerse al margen" siempre y cuando "se respeten los derechos de las personas".
La iniciativa dedicada a la revisión de los acuerdos Iglesia-Estado fue defendida por el diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien aseguró que este concordato nació "de impulsos preconstitucionales y tiene muy poco que ver con la dignidad de un Estado", además de ser contrario "a su caracter aconfesional".
A su juicio, estos acuerdos conceden "privilegios a la Iglesia católica", como son "su presencia abrumadora en la educación" y que cuente "con financiación pública". Según dijo, "la mayoría de las ciudadanos, tanto católicos como no católicos, quieren revisar estos acuerdos, porque distinguen lo que es Dios y lo que es el Cesar".
Llamazares también solicitó al Gobierno la reforma la Ley Orgánica de Libertad Religiosa -aprobada en 1980- "para que no se favorezca a la jerarquía católica ofreciéndole un trato diferencial" y acusó al Ejecutivo de "mantener una relación desequilibrada y confesional" con la Conferencia Episcopal.
A este respecto, el popular Nasarre enfatizó que el concordato "es rigurosamente constitucional" y añadió que "por su caracter flexible puede acomodarse a los tiempos". Además, se preguntó a qué obedece esta "obsesión" por la revisión de los acuerdos, más aún cuando hoy temas más importantes como la crisis económica.
Nasarre afirmó que el texto de Llamazares "está lleno de falsedades" porque el catolicismo no es la religión oficial del Estado y la enseñanza de la religión es estrictamente voluntaria, entre otras cosas. También dijo que "no hay ninguna razón de fondo para la reforma de la Ley de Libertad Religiosa porque "goza del más amplio consenso y está en plena sintonía con los principios constitucionales".
Zapatero se arruga ante los obispos: ni apostasía, ni retirada de crucifijos, ni denuncia del Concordato
@José L. Lobo.- 03/02/2009 Comentarios La fe laica de José Luis Rodríguez Zapatero se tambalea.
El presidente del Gobierno, al que el Vaticano y los obispos españoles consideran poco menos que el Belcebú del laicismo radical, parece decidido a recomponer sus maltrechas relaciones con la Iglesia católica, aunque para ello tenga que apostatar de su credo civil.
La casualidad ha querido que la visita a España de Tarcisio Bertone, número dos del Papa Benedicto XVI, coincida con el debate, hoy en el Congreso, de tres proposiciones no de ley que pondrán a prueba la voluntad de Zapatero de avanzar hacia un verdadero Estado aconfesional. Pero los socialistas, salvo una improbable sorpresa de última hora, vetarán tanto la retirada de crucifijos en actos públicos como la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede o la regulación del ejercicio de la apostasía.
Bertone, secretario de Estado del Vaticano, llega hoy a Madrid y mañana se entrevistará con Zapatero. Pero antes de ser recibido en La Moncloa, el número dos del Papa será informado por el jefe de los obispos españoles, Antonio María Rouco, de los planes del Gobierno que más incomodan a Roma, entre ellos la ampliación del aborto o la modificación de la Ley de Libertad Religiosa para acabar con la discriminación que sufren las confesiones diferentes de la católica. ¿Un nuevo cisma a la vista entre Zapatero y la Iglesia?
Todo lo contrario: el Vaticano quiere conservar a toda costa los numerosos privilegios de los que sigue gozando en nuestro país, sobre todo una financiación a cargo del Estado que resulta aún más jugosa en estos tiempos de crisis; y el Gobierno está dispuesto a corresponder al gesto conciliador de Benedicto XVI, que el año pasado pidió a Rouco atemperar el virulento enfrentamiento que la Conferencia Episcopal mantuvo con el Gobierno socialista durante la pasada legislatura y buscar vías de diálogo.
Debate inoportuno
En ese escenario, el debate que la Comisión de Justicia celebra hoy en el Congreso no puede resultar más inoportuno para Zapatero, que no tiene el menor interés en abrir un nuevo frente de batalla con los obispos en plena precampaña electoral y bajo el aguacero de la recesión. Poco importa que las expectativas de buena parte de las bases del partido de avanzar en la laicidad se vean defraudadas: manda la estrategia, y ésta dicta que ahora no es el momento de irritar a la Iglesia. La consigna, por tanto, es tumbar las propuestas presentadas por IU-ICV y ERC, que muchos socialistas apoyarían de buen grado de no cruzarse por medio la disciplina de voto.
La primera de las proposiciones no de ley sostiene que "no es entendible ni justificable que en un Estado aconfesional los ministros juren o prometan el acatamiento a la Constitución ante una Biblia y un crucifijo". Eso es, exactamente, lo que ocurrió durante la ceremonia de toma de posesión del actual Ejecutivo celebrada en el palacio de La Zarzuela, en presencia del Rey, el pasado mes de abril. El Gobierno se escudó entonces en que el protocolo de esos actos lo establece la Casa Real.
IU-ICV y ERC piden al Gobierno que elabore un "protocolo aconfesional" para ese tipo de actos, pero se toparán con el seguro rechazo del PSOE, que ya el pasado verano, durante su 37º Congreso Federal, dio marcha atrás en su intención inicial de eliminar la liturgia católica tanto en los funerales de Estado como en las tomas de posesión de altos cargos.
La segunda de las proposiciones no de ley, que defenderá el diputado catalán Joan Herrera, exige la revisión de los acuerdos derivados del Concordato suscrito en 1953 entre el Vaticano y la dictadura de Francisco Franco. "La financiación del clero y de la Confrencia Episcopal, la enseñanza de la religión en la escuela, un régimen abusivo de conciertos con la enseñanza privada, un régimen fiscal más que favorable y un protocolo institucional que la convierte sin fundamento jurídico en religión oficial" son, a juicio de IU-ICV, algunos de los privilegios concedidos a la Iglesia católica en los acuerdos suscritos entre España y la Santa sede, que la formación de izquierdas exige denunciar y revisar.
"Relaciones de cooperación"
El pasado mes de mayo, el PSOE dejó la puerta abierta en el Congreso de los Diputados a la revisión de esos acuerdos con el Vaticano. Pero dos meses después, también durante su 37º Congreso, volvió a echar el freno al vetar una enmienda presentada por el diputado José Antonio Pérez Tapias que reclamaba la denuncia de los citados acuerdos para, entre otras cosas, hacer que el artículo 16 de la Constitución -que ordena a los poderes públicos que mantengan "relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones"- deje de ser papel mojado: frente a los 153 millones de euros que Hacienda ingresó en 2008 a los obispos, musulmanes, judíos y protestantes se repartieron apenas tres millones de euros.
La tercera proposición que se debatirá hoy en el Congreso exige el reconocimiento del derecho a ejercer la apostasía, es decir, el abandono explícito y voluntario de los dogmas y creencias de la Iglesia católica que se asumen por el acto del bautismo. IU-ICV y ERC recuerdan que la Audiencia Nacional aún tiene pendiente de resolución los casos de 221 personas que no han podido apostatar ante la negativa de sus arzobispados o parroquias, por lo que decidieron recurrir ante los tribunales para exigir que la Iglesia borre sus datos personales del registro bautismal.
La comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy dos pr
oposiciones no de Ley por las que se instaba al Gobierno a regular el derecho y procedimiento para darse de baja en una religión y la eliminación de los datos personales de los registros de las iglesias.Las propuestas presentadas por ERC-IU-ICV fueron rechazadas por todos los demás grupos parlamentarios, que coincidieron en argumentar que los procedimientos para darse de baja en una confesión religiosa pertenecen al ámbito interno de cada religión, y que los archivos de la Iglesia son de carácter histórico.
Así, el representante del PSOE Jordi Pedret ha subrayado que la apostasía es un acto no jurídico que regula la propia Iglesia y que no tiene efectos jurídicos, por lo que no compete al Parlamento decidir sobre esta cuestión.
En nombre del PP, Eugenio Nasarre, recordó que el Tribunal Supremo ha determinado en hasta cuatro sentencias que los registros de bautismo de la Iglesia católica no son ficheros de datos, sino listados de carácter histórico, por lo que cabe modificarlos con notas al margen, pero no destruirlos. Para Nasarre, borrar los datos sobre los bautismos sería como pretender que desaparezca de los registros la existencia de un matrimonio por la Iglesia una vez que se haya disuelto.
La comisión de Justicia también ha rechazado otra proposición no de Ley de ERC-IU-ICV para instar al Gobierno a revisar los acuerdos del Estado con la Santa Sede del 1975 al 1979 y a reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
Los Grupos Parlamentarios coincidieron en recordar que se trata de una iniciativa "copiada" de la legislatura pasada y vuelta a presentar, y rechazaron que se trate de una ley con "impulsos pre-democráticos" que establece una relación de privilegio con la Iglesia católica.
La diputada del PSOE Meritxel Batet ha subrayado que el Gobierno ya ha anunciado su voluntad de reformar la Ley de Libertad Religiosa en esta Legislatura y que ese será el trámite adecuado para debatir estos asuntos. Además ha asegurado que dicha Ley no dispone una relación de "privilegio de la Iglesia católica ni desatención de las demás".
En nombre del PP, Nasarre ha apuntado que la "neutralidad confesional del Estado no debe suponer una hostilidad" con la Iglesia Católica y que los acuerdos siguen siendo el marco adecuado de relación Iglesia-Estado.
El Congreso rechaza facilitar la apostasía. El grupo parlamentario formado por ERC, IU e ICV había presentado una iniciativa que pedía no "privilegiar" a la Iglesia. 03/02/2009 La Vanguardia
Madrid. (EUROPA PRESS).- Todos los grupos del Congreso han rechazado las iniciativas del grupo parlamentario formado por ERC, IU e ICV en las que se solicitaba al Gobierno que adoptara "las reformas legales oportunas" para establecer un procedimiento que permitiera "de forma rápida y con garantías causar baja de las religiones", así como que se revisaran los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede para eliminar "los privilegios que tiene la Iglesia católica".
El diputado de ICV, Joan Herrera, encargado de defender la propuesta para regular la apostasía, aseguró que las personas que quieren abandonar la fe cristiana se enfrentan "a un proceso lento e incierto" que muchas veces les obliga a recurrir a los tribunales. El político ecosocialista defendió, además, que se debían suprimir los nombres de los apóstatas del registro bautismal "ya que son datos personales sujetos a la Ley de Protección de Datos".
"Poder darse de baja de una religión, dijo, es un derecho recogido en la Constitución española e internacionalmente, por lo que la iniciativa pretende simplemente que el Gobierno cumpla la ley". A su juicio, el PSOE, al votar en contra de la propuesta, "avala que haya organizaciones que estén fuera de la ley".
En esta misma línea, el diputado de ERC Joan Tardà criticó, en su defensa de una iniciativa similar, los "obstáculos burocráticos" que pone la Iglesia para darse de baja, lo que en su opinión supone "una respuesta irresponsable a un acto de ciudadano responsable". Asimismo, pidió al PSOE que apoyara la iniciativa y "se deje de tantos temores", al tiempo que les acusó de encontrarse en una situación de "coito interruptus" porque cuando "hay una amago de que los obispos se suben a las barbas, ustedes se asustan".
Desde las filas del PSOE, el diputado Jordi Pedret señaló que es "poco oportuno en este momento" llevar a cabo dichas modificaciones y recordó el Gobierno tratará de dar solución a esta situación en la reforma que prepara de la Ley de Libertad Religiosa. Además, señaló que distintas resoluciones del Tribunal Supremo consideran que las partidas de bautismo son datos históricos y, por tanto, no deben ser sometidas a la Ley de Protección de Datos.
Para el diputado del PP Eugenio Nasarre, esta cuestión sobre la regulación de la apostasía, "ya rechazada en otras legislaturas, es un falso problema", ya que en la actualidad las personas dejan de pertenecer a una fe con libertad. En su opinión, la propuesta "es aberrante desde el punto de vista jurídico" y "alejada de la configuración moderna de la libertad religiosa".
El portavoz popular recordó que hay cuatro sentencias del Tribunal Supremo en las se establece que los libros de bautismo no son ficheros personales sino "datos históricos ciertos" que no pueden ser objeto de la Ley de Protección de Datos.
Por parte de CiU, Montserrat Surroca manifestó que los procedimientos para darse de baja de una religión "deben ser regulados por la propia religión y el Gobierno debe mantenerse al margen" siempre y cuando "se respeten los derechos de las personas".
La iniciativa dedicada a la revisión de los acuerdos Iglesia-Estado fue defendida por el diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien aseguró que este concordato nació "de impulsos preconstitucionales y tiene muy poco que ver con la dignidad de un Estado", además de ser contrario "a su caracter aconfesional".
A su juicio, estos acuerdos conceden "privilegios a la Iglesia católica", como son "su presencia abrumadora en la educación" y que cuente "con financiación pública". Según dijo, "la mayoría de las ciudadanos, tanto católicos como no católicos, quieren revisar estos acuerdos, porque distinguen lo que es Dios y lo que es el Cesar".
Llamazares también solicitó al Gobierno la reforma la Ley Orgánica de Libertad Religiosa -aprobada en 1980- "para que no se favorezca a la jerarquía católica ofreciéndole un trato diferencial" y acusó al Ejecutivo de "mantener una relación desequilibrada y confesional" con la Conferencia Episcopal.
A este respecto, el popular Nasarre enfatizó que el concordato "es rigurosamente constitucional" y añadió que "por su caracter flexible puede acomodarse a los tiempos". Además, se preguntó a qué obedece esta "obsesión" por la revisión de los acuerdos, más aún cuando hoy temas más importantes como la crisis económica.
Nasarre afirmó que el texto de Llamazares "está lleno de falsedades" porque el catolicismo no es la religión oficial del Estado y la enseñanza de la religión es estrictamente voluntaria, entre otras cosas. También dijo que "no hay ninguna razón de fondo para la reforma de la Ley de Libertad Religiosa porque "goza del más amplio consenso y está en plena sintonía con los principios constitucionales".
Zapatero se arruga ante los obispos: ni apostasía, ni retirada de crucifijos, ni denuncia del Concordato
@José L. Lobo.- 03/02/2009 Comentarios La fe laica de José Luis Rodríguez Zapatero se tambalea.
El presidente del Gobierno, al que el Vaticano y los obispos españoles consideran poco menos que el Belcebú del laicismo radical, parece decidido a recomponer sus maltrechas relaciones con la Iglesia católica, aunque para ello tenga que apostatar de su credo civil.La casualidad ha querido que la visita a España de Tarcisio Bertone, número dos del Papa Benedicto XVI, coincida con el debate, hoy en el Congreso, de tres proposiciones no de ley que pondrán a prueba la voluntad de Zapatero de avanzar hacia un verdadero Estado aconfesional. Pero los socialistas, salvo una improbable sorpresa de última hora, vetarán tanto la retirada de crucifijos en actos públicos como la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede o la regulación del ejercicio de la apostasía.
Bertone, secretario de Estado del Vaticano, llega hoy a Madrid y mañana se entrevistará con Zapatero. Pero antes de ser recibido en La Moncloa, el número dos del Papa será informado por el jefe de los obispos españoles, Antonio María Rouco, de los planes del Gobierno que más incomodan a Roma, entre ellos la ampliación del aborto o la modificación de la Ley de Libertad Religiosa para acabar con la discriminación que sufren las confesiones diferentes de la católica. ¿Un nuevo cisma a la vista entre Zapatero y la Iglesia?
Todo lo contrario: el Vaticano quiere conservar a toda costa los numerosos privilegios de los que sigue gozando en nuestro país, sobre todo una financiación a cargo del Estado que resulta aún más jugosa en estos tiempos de crisis; y el Gobierno está dispuesto a corresponder al gesto conciliador de Benedicto XVI, que el año pasado pidió a Rouco atemperar el virulento enfrentamiento que la Conferencia Episcopal mantuvo con el Gobierno socialista durante la pasada legislatura y buscar vías de diálogo.
Debate inoportuno
En ese escenario, el debate que la Comisión de Justicia celebra hoy en el Congreso no puede resultar más inoportuno para Zapatero, que no tiene el menor interés en abrir un nuevo frente de batalla con los obispos en plena precampaña electoral y bajo el aguacero de la recesión. Poco importa que las expectativas de buena parte de las bases del partido de avanzar en la laicidad se vean defraudadas: manda la estrategia, y ésta dicta que ahora no es el momento de irritar a la Iglesia. La consigna, por tanto, es tumbar las propuestas presentadas por IU-ICV y ERC, que muchos socialistas apoyarían de buen grado de no cruzarse por medio la disciplina de voto.
La primera de las proposiciones no de ley sostiene que "no es entendible ni justificable que en un Estado aconfesional los ministros juren o prometan el acatamiento a la Constitución ante una Biblia y un crucifijo". Eso es, exactamente, lo que ocurrió durante la ceremonia de toma de posesión del actual Ejecutivo celebrada en el palacio de La Zarzuela, en presencia del Rey, el pasado mes de abril. El Gobierno se escudó entonces en que el protocolo de esos actos lo establece la Casa Real.
IU-ICV y ERC piden al Gobierno que elabore un "protocolo aconfesional" para ese tipo de actos, pero se toparán con el seguro rechazo del PSOE, que ya el pasado verano, durante su 37º Congreso Federal, dio marcha atrás en su intención inicial de eliminar la liturgia católica tanto en los funerales de Estado como en las tomas de posesión de altos cargos.
La segunda de las proposiciones no de ley, que defenderá el diputado catalán Joan Herrera, exige la revisión de los acuerdos derivados del Concordato suscrito en 1953 entre el Vaticano y la dictadura de Francisco Franco. "La financiación del clero y de la Confrencia Episcopal, la enseñanza de la religión en la escuela, un régimen abusivo de conciertos con la enseñanza privada, un régimen fiscal más que favorable y un protocolo institucional que la convierte sin fundamento jurídico en religión oficial" son, a juicio de IU-ICV, algunos de los privilegios concedidos a la Iglesia católica en los acuerdos suscritos entre España y la Santa sede, que la formación de izquierdas exige denunciar y revisar.
"Relaciones de cooperación"
El pasado mes de mayo, el PSOE dejó la puerta abierta en el Congreso de los Diputados a la revisión de esos acuerdos con el Vaticano. Pero dos meses después, también durante su 37º Congreso, volvió a echar el freno al vetar una enmienda presentada por el diputado José Antonio Pérez Tapias que reclamaba la denuncia de los citados acuerdos para, entre otras cosas, hacer que el artículo 16 de la Constitución -que ordena a los poderes públicos que mantengan "relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones"- deje de ser papel mojado: frente a los 153 millones de euros que Hacienda ingresó en 2008 a los obispos, musulmanes, judíos y protestantes se repartieron apenas tres millones de euros.
La tercera proposición que se debatirá hoy en el Congreso exige el reconocimiento del derecho a ejercer la apostasía, es decir, el abandono explícito y voluntario de los dogmas y creencias de la Iglesia católica que se asumen por el acto del bautismo. IU-ICV y ERC recuerdan que la Audiencia Nacional aún tiene pendiente de resolución los casos de 221 personas que no han podido apostatar ante la negativa de sus arzobispados o parroquias, por lo que decidieron recurrir ante los tribunales para exigir que la Iglesia borre sus datos personales del registro bautismal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario