EDUCACIÓN. Tras la escurridiza pista de los padres tramposos. Una treintena de padres han acudido est
e año a detectives para desenmascarar a familias que han mentido al solicitar colegios. Los afectados critican las dificultades que se encuentran para demostrar los fraudes y exigen sanciones administrativas para los infractores P. C. foto: El detective Javier Bellot mira una de las imágenes grabadas durante un seguimiento. J.C. ARCOS
Vigilancia diaria a domicilios y trabajos, visitas sorpresa, grabaciones, contactos con amigos o compañeros de profesión. Todo esfuerzo es poco para descubrir a los tramposos. Al menos treinta familias de Zaragoza han acudido este año a detectives profesionales para desenmascarar a las familias que han mentido en sus datos personales para conseguir plaza en el colegio deseado. Las trabas para reunir de manera legal pruebas fehacientes de este fraude y la inhibición de la mayoría de los centros escolares ante las denuncias que se presentan obligan a muchas familias a contratar los servicios de profesionales para 'dar peso' a su reclamación. Pero este recurso tampoco asegura el éxito. Los padres afectados critican que la Administración no investiga a fondo los casos y que, cuando los detecta, no actúa con firmeza.
"Hace dos cursos me percarté de un fraude. Por mis propios medios accedí a los datos de los sospechosos y vi que no me equivocaba. Pero no podía aportar esa información a la DGA porque podían cuestionarme cómo la había recabado. Al final, me quedé sin plaza para mi hija y con una rabia que aún me dura", comenta Andrés, un padre zaragozano. "A los que mienten les sale barato porque no les castigan. A nosotros demostrar que han hecho trampas nos ha salido por más de 1.000 euros", añade Pedro -nombre ficticio- que junto a otros padres contrató en primavera un detective para comprobar que cinco familias habían mentido cuando pidieron una escuela concertada del centro de Zaragoza.
Pedro logró que la Administración admitiera la denuncia y finalmente se demostró que tenía razón. Su hija consiguió plaza escolar. Pero no todos corren la misma suerte. El detective de la empresa Factum, Francisco Javier Bellot, explica que desde el principio advierte a sus clientes de que aunque se consigan las pruebas suficientes (con fotos, vídeos, información oficial...), no siempre se resolverá el caso favorablemente. Es decir, puede que se demuestre que hay fraude, pero que finalmente esa plaza que le quitan al tramposo no se la adjudiquen al cliente, sino otra persona. "Eso sí, por experiencia sabemos que cuando se presenta a la Administración una denuncia con un informe de un detective suele prosperar", añade.
Bellot afirma que la mayoría de las familias que presentan documentación falsa para pedir plaza escolar responden a un perfil: clase media-alta, estudios superiores y, en bastantes ocasiones, ex alumnos del colegio para el que solicitan puesto. En las denuncias se detecta, además, que muchos de los casos se dan en centros concertados de la zona 5 de Zaragoza. "Hay una lista de habituales. Quizá es que allí la gente está más atenta a esto", comenta.
Este año, el departamento de Educación ha retirado el puesto escolar a 27 niños por fraude, confirmando así la mitad de las denuncias presentadas. A esos pequeños se les quita la plaza y se les busca otro colegio, pero no se sanciona administrativamente a sus padres. "Con lo cual, qué más da que mientan. No pierden nada y muchos, hacen prematrículas en los privados por si les cazan en los otros", comenta Pedro.
El Justicia de Aragón ya pidió a la Administración que impusiera sanciones más duras para disuadir del fraude, pero la DGA insiste en castigar solo retirando la plaza escolar. Fernando García Vicente solicitó, además, que se agilizaran los plazos: las denuncias no se resuelven hasta los últimos días de agosto o primeros de septiembre. "Nos avisaron pocos días antes de que empezara el curso. Esto no es serio. Tengo amigos que han desistido y han terminado por renunciar a su derecho a la plaza escolar que un tramposo les quitó", critica Pedro.
e año a detectives para desenmascarar a familias que han mentido al solicitar colegios. Los afectados critican las dificultades que se encuentran para demostrar los fraudes y exigen sanciones administrativas para los infractores P. C. foto: El detective Javier Bellot mira una de las imágenes grabadas durante un seguimiento. J.C. ARCOS Vigilancia diaria a domicilios y trabajos, visitas sorpresa, grabaciones, contactos con amigos o compañeros de profesión. Todo esfuerzo es poco para descubrir a los tramposos. Al menos treinta familias de Zaragoza han acudido este año a detectives profesionales para desenmascarar a las familias que han mentido en sus datos personales para conseguir plaza en el colegio deseado. Las trabas para reunir de manera legal pruebas fehacientes de este fraude y la inhibición de la mayoría de los centros escolares ante las denuncias que se presentan obligan a muchas familias a contratar los servicios de profesionales para 'dar peso' a su reclamación. Pero este recurso tampoco asegura el éxito. Los padres afectados critican que la Administración no investiga a fondo los casos y que, cuando los detecta, no actúa con firmeza.
"Hace dos cursos me percarté de un fraude. Por mis propios medios accedí a los datos de los sospechosos y vi que no me equivocaba. Pero no podía aportar esa información a la DGA porque podían cuestionarme cómo la había recabado. Al final, me quedé sin plaza para mi hija y con una rabia que aún me dura", comenta Andrés, un padre zaragozano. "A los que mienten les sale barato porque no les castigan. A nosotros demostrar que han hecho trampas nos ha salido por más de 1.000 euros", añade Pedro -nombre ficticio- que junto a otros padres contrató en primavera un detective para comprobar que cinco familias habían mentido cuando pidieron una escuela concertada del centro de Zaragoza.
Pedro logró que la Administración admitiera la denuncia y finalmente se demostró que tenía razón. Su hija consiguió plaza escolar. Pero no todos corren la misma suerte. El detective de la empresa Factum, Francisco Javier Bellot, explica que desde el principio advierte a sus clientes de que aunque se consigan las pruebas suficientes (con fotos, vídeos, información oficial...), no siempre se resolverá el caso favorablemente. Es decir, puede que se demuestre que hay fraude, pero que finalmente esa plaza que le quitan al tramposo no se la adjudiquen al cliente, sino otra persona. "Eso sí, por experiencia sabemos que cuando se presenta a la Administración una denuncia con un informe de un detective suele prosperar", añade.
Bellot afirma que la mayoría de las familias que presentan documentación falsa para pedir plaza escolar responden a un perfil: clase media-alta, estudios superiores y, en bastantes ocasiones, ex alumnos del colegio para el que solicitan puesto. En las denuncias se detecta, además, que muchos de los casos se dan en centros concertados de la zona 5 de Zaragoza. "Hay una lista de habituales. Quizá es que allí la gente está más atenta a esto", comenta.
Este año, el departamento de Educación ha retirado el puesto escolar a 27 niños por fraude, confirmando así la mitad de las denuncias presentadas. A esos pequeños se les quita la plaza y se les busca otro colegio, pero no se sanciona administrativamente a sus padres. "Con lo cual, qué más da que mientan. No pierden nada y muchos, hacen prematrículas en los privados por si les cazan en los otros", comenta Pedro.
El Justicia de Aragón ya pidió a la Administración que impusiera sanciones más duras para disuadir del fraude, pero la DGA insiste en castigar solo retirando la plaza escolar. Fernando García Vicente solicitó, además, que se agilizaran los plazos: las denuncias no se resuelven hasta los últimos días de agosto o primeros de septiembre. "Nos avisaron pocos días antes de que empezara el curso. Esto no es serio. Tengo amigos que han desistido y han terminado por renunciar a su derecho a la plaza escolar que un tramposo les quitó", critica Pedro.
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