La nueva ley del aborto garantiza la educación sexual en los colegios. El texto obliga a médicos y enfermeros a estudiar la interrupción del embarazo.- Recoge el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario. EP - Madrid ELPAIS.com - Sociedad - 09-12-2009
Los grupos parlamentarios del PSOE y de ERC-IU-ICV han acordado que la nueva Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo garantice que se imparta educación sexual en todos los niveles educativos de los colegios y que los alumnos de la disciplina de Ciencias de la Salud (Medicina y Enfermería) estudien cómo se realiza un aborto. Así lo han aseguraron hoy en rueda de prensa en el Congreso los diputados Gaspar Llamazares (IU) y Joan Tardà (ERC).
Los grupos también han acordado que la nueva ley reconozca el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción de un embarazo, como son el cirujano y el enfermero. La objeción deberá hacerse por escrito y de manera individual para evitar las "objeciones colectivas" de todo un hospital y para garantizar la práctica de abortos en los centros públicos.
Ambos grupos también han acordado que los anticonceptivos de última generación estén financiados en su totalidad o en parte por la sanidad pública. Otros de los acuerdos entre estas formaciones es eliminar uno de los dos informes que se debía realizar para poder abortar entre la semana 14 y la 22, de modo que será suficiente con el informe de un especialista.
En cuanto a asunto del aborto en las menores, ERC-IU-ICV asegura que no se opone a que se informe a los padres, pero precisa que se debe preservar en todo momento que "la decisión es de la mujer, tenga 16 o 25 años".
Los grupos parlamentarios del PSOE y de ERC-IU-ICV han acordado que la nueva Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo garantice que se imparta educación sexual en todos los niveles educativos de los colegios y que los alumnos de la disciplina de Ciencias de la Salud (Medicina y Enfermería) estudien cómo se realiza un aborto. Así lo han aseguraron hoy en rueda de prensa en el Congreso los diputados Gaspar Llamazares (IU) y Joan Tardà (ERC).
Los grupos también han acordado que la nueva ley reconozca el derecho a la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción de un embarazo, como son el cirujano y el enfermero. La objeción deberá hacerse por escrito y de manera individual para evitar las "objeciones colectivas" de todo un hospital y para garantizar la práctica de abortos en los centros públicos.
Ambos grupos también han acordado que los anticonceptivos de última generación estén financiados en su totalidad o en parte por la sanidad pública. Otros de los acuerdos entre estas formaciones es eliminar uno de los dos informes que se debía realizar para poder abortar entre la semana 14 y la 22, de modo que será suficiente con el informe de un especialista.
En cuanto a asunto del aborto en las menores, ERC-IU-ICV asegura que no se opone a que se informe a los padres, pero precisa que se debe preservar en todo momento que "la decisión es de la mujer, tenga 16 o 25 años".
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Madrid, 20 ene (EFE).- Más de 140 asociaciones han suscrito un manifiesto, en el que rechazan "la nueva imposición del Gobierno" a través de la reforma de la Ley del Aborto, que regula la "incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo".
El manifiesto, hecho público hoy simultáneamente en varias ciudades, pide a todos los centros educativos que se opongan legítimamente "con todos los medios a su alcance" a esa reforma legal.
Los firmantes piden a los centros educativos con ideario propio que se opongan de manera "efectiva" a lo que consideran un "nuevo adoctrinamiento" del Gobierno y una "manipulación de las conciencias", al igual que hizo con la asignatura Educación para la Ciudadanía.
El texto pide también a los colegios públicos que ejerzan su neutralidad y a los padres que se opongan "a esta nueva imposición" del Gobierno.
Marisa Pérez Toribio, presidenta de la Plataforma España Educa en Libertad, de la que partió la iniciativa, ha explicado que la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que está en tramitación en el Senado, tiene un aspecto educativo que ha pasado desapercibido pero de "gran trascendencia", ya que supone "una intromisión del Estado en el ámbito privado".
Pérez Toribio ha destacado que "una vez más se deja a los padres al margen en una materia que nos afecta" y ha advertido de que si la educación sexual se impone por ley el Gobierno "se va a encontrar con la polémica que está evitando ahora al ignorar a la sociedad civil".
"No nos oponemos a la educación sexual, pero no estamos dispuestos a dejarla en manos del Estado", ha subrayado.
Juan Carlos Corbera, de la Fundación Educatio Servanda, ha asegurado que se trata de "un nuevo caballo de Troya, que será utilizado una vez más para el adoctrinamiento moral de los alumnos" y ha asegurado que la nueva educación sexual "choca frontalmente" con la neutralidad que la ley exige a los centros educativos públicos y con el ideario propio de centros privados y concertados.
Por su parte, Fabián Fernández de Alarcón, presidente de Profesionales por la Ética, ha considerado que al Estado no le corresponde determinar conforme a qué criterios morales deben ser educados los niños españoles.
El manifiesto, hecho público hoy simultáneamente en varias ciudades, pide a todos los centros educativos que se opongan legítimamente "con todos los medios a su alcance" a esa reforma legal.
Los firmantes piden a los centros educativos con ideario propio que se opongan de manera "efectiva" a lo que consideran un "nuevo adoctrinamiento" del Gobierno y una "manipulación de las conciencias", al igual que hizo con la asignatura Educación para la Ciudadanía.
El texto pide también a los colegios públicos que ejerzan su neutralidad y a los padres que se opongan "a esta nueva imposición" del Gobierno.
Marisa Pérez Toribio, presidenta de la Plataforma España Educa en Libertad, de la que partió la iniciativa, ha explicado que la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que está en tramitación en el Senado, tiene un aspecto educativo que ha pasado desapercibido pero de "gran trascendencia", ya que supone "una intromisión del Estado en el ámbito privado".
Pérez Toribio ha destacado que "una vez más se deja a los padres al margen en una materia que nos afecta" y ha advertido de que si la educación sexual se impone por ley el Gobierno "se va a encontrar con la polémica que está evitando ahora al ignorar a la sociedad civil".
"No nos oponemos a la educación sexual, pero no estamos dispuestos a dejarla en manos del Estado", ha subrayado.
Juan Carlos Corbera, de la Fundación Educatio Servanda, ha asegurado que se trata de "un nuevo caballo de Troya, que será utilizado una vez más para el adoctrinamiento moral de los alumnos" y ha asegurado que la nueva educación sexual "choca frontalmente" con la neutralidad que la ley exige a los centros educativos públicos y con el ideario propio de centros privados y concertados.
Por su parte, Fabián Fernández de Alarcón, presidente de Profesionales por la Ética, ha considerado que al Estado no le corresponde determinar conforme a qué criterios morales deben ser educados los niños españoles.
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