¿Víctimas o infractoras? Las políticas contra la trata de mujeres chocan frontalmente con las normas municipales que multan a las prostitutas - El Gobierno elude la cuestión. MÓNICA CEBERIO BELAZA - Madrid EL PAÍS - Sociedad - 06-09-2009
En España hay mujeres a las que se ha comprado o vendido; están aquéllas a las que se ha engañado en sus países de origen para venir aquí creyendo que iban a trabajar como camareras o limpiadoras y luego las han obligado a prostituirse; a otras se les ha ocultado el pequeño detalle de que no podrían ejercer la prostitución cuándo y cómo ellas quisieran sino que iban a estar en un polígono 14 horas al día obligadas a ser productivas; también las hay que no tienen ninguna otra posibilidad vital; y otras, finalmente, por distintas razones, prefieren hacer ese trabajo antes que otros (por lo general tampoco muy atractivos). Cualquiera de ellas puede ser multada —si ofrece sus servicios en las calles de algunos pueblos y ciudades—, por policías que hacen cumplir normas municipales que quieren proteger el orden y evitar molestias a los vecinos.
El Congreso de los Diputados, el Gobierno y la Guardia Civil hablan de altísimos porcentajes de mujeres traficadas. Más del 90% de las prostitutas son inmigrantes, según todas las estimaciones policiales y de las ONG. Mientras tanto, cada vez son más las ciudades y pueblos —Barcelona, Lleida, Valencia, Castellón, Granada, Calvià (Mallorca), el Ejido (Almería) o La Jonquera (Girona)— que las sancionan por estar en la calle. Muchos otros lugares ultiman o debaten sus propias ordenanzas. A sus ojos, son infractoras, un estorbo para el orden público. Las comparan con los grafiteros y los vendedores ambulantes. Hay que multarlas, y expulsarlas si no tienen papeles.
España, como Estado, no se pone de acuerdo consigo misma sobre cómo afrontar el problema. ¿Se están violando derechos humanos esenciales de las mujeres o la prostitución es una cuestión sólo de seguridad ciudadana? En este último caso, ¿por qué no se regula su actividad? Nadie puede ser, por un mismo hecho, víctima e infractor a la vez.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega dijo el viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que es una “cuestión compleja”. No respondió a una pregunta sobre las ordenanzas cívicas a pesar de que el propio Ejecutivo aprobó el año pasado un Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos que parte de la base de que la mayor parte de las prostitutas son esclavas. Desde el Ministerio de Igualdad, impulsor de este Plan, tampoco han querido pronunciarse sobre este problema.
“La cuestión es que multando a las mujeres sólo se consigue victimizarlas doblemente”, opina Ramón Esteso, coordinador del programa de Exclusión Social de la ONG Médicos del Mundo. La mayor parte de las ordenanzas municipales sancionan tanto a los clientes como a las prostitutas. Pero la realidad es otra. En La Jonquera, donde se aprobó la norma hace apenas dos meses, se han impuesto 106 sanciones: 102 a prostitutas y 4 a clientes. En Barcelona, pionera en este tipo de ordenanzas —la suya entró en vigor en enero de 2006—, menos de un tercio de las multas de 2007 fueron para los clientes. El pueblo de Calvià (Mallorca) sólo las castiga a ellas e incluso se las juzga penalmente por una falta de “desobediencia a la autoridad” después de que la policía les haya advertido de que estaban cometiendo una infracción.
Las mujeres más desprotegidas son las que acaban en la calle. Muchas de ellas, nigerianas. Extremadamente vulnerables. Deben enormes sumas de dinero a las mafias —que les cobran entre 40.000 y 60.000 euros por traerlas a España— y tienen muchos problemas para entrar en los clubs. Los empresarios las consideran conflictivas, a ellas o a sus proxenetas, y tienen menos éxito con los clientes que las europeas y latinoamericanas, de forma que es muy complicado ver a más de una o dos en cada local. “En la calle se bajan muchísimo los precios”, dice Esteso, de Médicos del Mundo. “La mayoría apenas sobrevive, con 10 euros por felación y 20 por un completo”.
Estas medidas son, además, ineficaces. “La prostitución callejera es como la energía: ni se crea ni se destruye, se transforma”, dice un mando policial de Madrid. “En este caso, sólo se traslada”. En algunos pueblos han conseguido, eso sí, desplazar el problema al municipio vecino, que no tiene ordenanza cívica. En Madrid, donde no hay normativa, los cortes al tráfico en Casa de Campo o la colonia Marconi tampoco han acabado con la prostitución callejera. “Nosotros no aprobaremos ordenanza”, dice Rocío de la Hoz, directora de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento. “Pensamos que estas mujeres son víctimas a las que hay que ayudar, no multar”. Las ONG critican, sin embargo, la escasez de fondos —en Madrid y en todas partes— para apoyar a estas mujeres.
“Esto no es un tema de moral ni de estética”, dice un portavoz de la asociación madrileña Nuevos Vecinos de Montera, núcleo de la prostitución callejera en el centro de la ciudad. “Se trata de que hay un montón de mujeres que pueden estar siendo explotadas al lado de nuestras casas. Están ahí, y habrá que hacer algo. Regularlas o ayudarlas”.
En España hay mujeres a las que se ha comprado o vendido; están aquéllas a las que se ha engañado en sus países de origen para venir aquí creyendo que iban a trabajar como camareras o limpiadoras y luego las han obligado a prostituirse; a otras se les ha ocultado el pequeño detalle de que no podrían ejercer la prostitución cuándo y cómo ellas quisieran sino que iban a estar en un polígono 14 horas al día obligadas a ser productivas; también las hay que no tienen ninguna otra posibilidad vital; y otras, finalmente, por distintas razones, prefieren hacer ese trabajo antes que otros (por lo general tampoco muy atractivos). Cualquiera de ellas puede ser multada —si ofrece sus servicios en las calles de algunos pueblos y ciudades—, por policías que hacen cumplir normas municipales que quieren proteger el orden y evitar molestias a los vecinos.
El Congreso de los Diputados, el Gobierno y la Guardia Civil hablan de altísimos porcentajes de mujeres traficadas. Más del 90% de las prostitutas son inmigrantes, según todas las estimaciones policiales y de las ONG. Mientras tanto, cada vez son más las ciudades y pueblos —Barcelona, Lleida, Valencia, Castellón, Granada, Calvià (Mallorca), el Ejido (Almería) o La Jonquera (Girona)— que las sancionan por estar en la calle. Muchos otros lugares ultiman o debaten sus propias ordenanzas. A sus ojos, son infractoras, un estorbo para el orden público. Las comparan con los grafiteros y los vendedores ambulantes. Hay que multarlas, y expulsarlas si no tienen papeles.
España, como Estado, no se pone de acuerdo consigo misma sobre cómo afrontar el problema. ¿Se están violando derechos humanos esenciales de las mujeres o la prostitución es una cuestión sólo de seguridad ciudadana? En este último caso, ¿por qué no se regula su actividad? Nadie puede ser, por un mismo hecho, víctima e infractor a la vez.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega dijo el viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que es una “cuestión compleja”. No respondió a una pregunta sobre las ordenanzas cívicas a pesar de que el propio Ejecutivo aprobó el año pasado un Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos que parte de la base de que la mayor parte de las prostitutas son esclavas. Desde el Ministerio de Igualdad, impulsor de este Plan, tampoco han querido pronunciarse sobre este problema.
“La cuestión es que multando a las mujeres sólo se consigue victimizarlas doblemente”, opina Ramón Esteso, coordinador del programa de Exclusión Social de la ONG Médicos del Mundo. La mayor parte de las ordenanzas municipales sancionan tanto a los clientes como a las prostitutas. Pero la realidad es otra. En La Jonquera, donde se aprobó la norma hace apenas dos meses, se han impuesto 106 sanciones: 102 a prostitutas y 4 a clientes. En Barcelona, pionera en este tipo de ordenanzas —la suya entró en vigor en enero de 2006—, menos de un tercio de las multas de 2007 fueron para los clientes. El pueblo de Calvià (Mallorca) sólo las castiga a ellas e incluso se las juzga penalmente por una falta de “desobediencia a la autoridad” después de que la policía les haya advertido de que estaban cometiendo una infracción.
Las mujeres más desprotegidas son las que acaban en la calle. Muchas de ellas, nigerianas. Extremadamente vulnerables. Deben enormes sumas de dinero a las mafias —que les cobran entre 40.000 y 60.000 euros por traerlas a España— y tienen muchos problemas para entrar en los clubs. Los empresarios las consideran conflictivas, a ellas o a sus proxenetas, y tienen menos éxito con los clientes que las europeas y latinoamericanas, de forma que es muy complicado ver a más de una o dos en cada local. “En la calle se bajan muchísimo los precios”, dice Esteso, de Médicos del Mundo. “La mayoría apenas sobrevive, con 10 euros por felación y 20 por un completo”.
Estas medidas son, además, ineficaces. “La prostitución callejera es como la energía: ni se crea ni se destruye, se transforma”, dice un mando policial de Madrid. “En este caso, sólo se traslada”. En algunos pueblos han conseguido, eso sí, desplazar el problema al municipio vecino, que no tiene ordenanza cívica. En Madrid, donde no hay normativa, los cortes al tráfico en Casa de Campo o la colonia Marconi tampoco han acabado con la prostitución callejera. “Nosotros no aprobaremos ordenanza”, dice Rocío de la Hoz, directora de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento. “Pensamos que estas mujeres son víctimas a las que hay que ayudar, no multar”. Las ONG critican, sin embargo, la escasez de fondos —en Madrid y en todas partes— para apoyar a estas mujeres.
“Esto no es un tema de moral ni de estética”, dice un portavoz de la asociación madrileña Nuevos Vecinos de Montera, núcleo de la prostitución callejera en el centro de la ciudad. “Se trata de que hay un montón de mujeres que pueden estar siendo explotadas al lado de nuestras casas. Están ahí, y habrá que hacer algo. Regularlas o ayudarlas”.
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