PADRES DEL MAL. Lobos entre corderos. La Iglesia española ha dado la espalda durante años a las víctimas de los curas pederastas. EL PAÍS saca a la luz sus historias. LUIS GÓMEZ Y JESÚS DUVA DO
MINGO - 25-04-2010
La niña le tenía cerca. Vivía en casa. Era don José, un huésped importante, un clérigo con ambiciones de obispo. Ejercía de benefactor de la familia ante la ausencia del padre. Pagaba un alquiler mensual y hacía las veces de educador y profesor de matemáticas. La sacaba de paseo. Pero también, a solas, la tocaba; la obligaba a practicar felaciones y si se resistía, la golpeaba. La pesadilla, oscura, profunda, duró diez años, hasta que la muchacha (supongamos que se llama Isabel) se hizo mujer. Entonces, paró. Quedó el daño, algo sucio agazapado en la memoria de la joven que la incapacita para tener una relación con un hombre. Ha sido y será víctima para siempre a pesar de que su caso fue resuelto por la justicia y obtuvo el refrendo del Tribunal Supremo.
Dos domicilios en Madrid, separados por 40 kilómetros de ladrillo y asfalto. En uno reside Isabel. En el otro, el culpable, quien todavía debe dormir un día de cada 15 en un centro de Instituciones Penitenciarias, por su condición de recluso en tercer grado. La puerta del piso de la víctima se abre, aparece la madre, escucha la introducción: "Queremos saber cómo se encuentra su hija y si podríamos hablar con ella de lo sucedido. Han pasado más de diez años de aquello...". La mujer da un paso atrás, se tranquiliza cuando los periodistas se identifican, pero contesta con evasivas, azorada. "No queremos recordarlo todo otra vez", dice, "mi hija no está preparada, sigue sin estar bien, no lo ha olvidado, no hemos vuelto a hablar de ello". La madre recibe una información que desconocía: se entera que el culpable ya se pasea por la calle. "¡No puede ser! La Audiencia me aseguró que nos avisaría cuando saliera", replica asustada.
No la avisaron. Alguien prometió una falsedad.
Dos días después, durante una segunda visita previamente acordada, la madre insiste en sus negativas aunque acepta dar algunos detalles. "Desde que nos dijeron que ese hombre ha salido de la cárcel, no hemos podido dormir", añade. Persisten en su recuerdo las amenazas recibidas, el cartucho del 9 Parabellum llegado en un sobre anónimo. Isabel, licenciada universitaria que hoy tiene ya 35 años, sigue sin querer hablar, sin poder olvidar. Sigue en la pesadilla.
En el domicilio del condenado, el octogenario José Martín de la Peña, la escena es diametralmente opuesta. No se sorprende de la llamada al timbre. No da un paso atrás. Abre la puerta e invita a sus visitantes a pasar a un pequeño salón, donde veía la televisión. Se explaya sin reservas. Expulsa palabras como un torrente: "He recurrido al tribunal de Estrasburgo. Dentro de dos meses tendré una sentencia positiva. Aquello fue una conspiración preparada por un cura masón. Yo era el protector de aquella chica. Me he dedicado siempre a colaborar con gente en situación precaria. He curado a muchos, dados mis conocimientos. Intenté salvar a aquella chica, que nació en una situación muy difícil, pero ya ve, mi abogado no lo hizo bien, he estado en contacto siempre con gente joven en muchos sitios y jamás nadie dijo nada de mí. Si hubiera sido culpable, lo habría hecho en otra ocasión, habría más denuncias. Fue desagradable, pero he sido siempre feliz. Me han salido siempre bien las cosas. Así que esto me ha sido dado para prepararme para lo que vendrá después. He dedicado el tiempo en la cárcel a preparar yo solo mi recurso".
Martín de la Peña habla sin tomarse un respiro: "El tiempo ha pasado deprisa. Estuve en un módulo con 10 inocentes. ¿Sabe usted por qué? Porque en la cárcel ni están todos los que son ni son todos los que están. A mí en la cárcel me trataron muy bien, sólo hubo un preso que quiso vérselas conmigo y ya le dije, yo a las malas... Mire usted, aquello fue un proceso ideológico, porque no se puede hacer justicia con ideología, la justicia eclesiástica está mucho mejor preparada que la civil, y yo de eso sé mucho...".
El anciano recuerda que vivió durante años en el domicilio de la chica como huésped. No podía ser menos: fue huésped de esa familia durante diez años y sometió a la niña a "innumerables tocamientos lúbricos" y le obligaba a hacerle felaciones, según la sentencia de la Audiencia de Madrid de 6 de mayo de 2003. Ahora, el cura niega los abusos: "Esa chica me quería mucho. La madre era otra cosa, y eso que la ayudé a pagar el piso. La madre me dijo que le habría gustado tener un hijo conmigo si fuera tan inteligente como yo. Porque a mí me han querido mucho las mujeres, ¿sabe? Me han besado mucho, porque yo sé que a las mujeres hay que tratarlas con delicadeza. Cuando yo era joven me dieron un consejo: hay que ganarse a las madres...".
Martín de la Peña ha estado hablando durante más de media hora con toda naturalidad. Sin el menor recelo ante los periodistas. Sostiene que ejerció de capellán en la cárcel y que monseñor Rouco Varela le ha puesto de ejemplo ante los jóvenes sacerdotes. Vive en un piso propiedad de la diócesis de Alcalá de Henares. Asegura que durante la pasada Semana Santa concelebró varias misas con el obispo en la catedral de esta ciudad.
Isabel ha enmudecido. Teme hablar. Como otras víctimas, incapacitadas para olvidar, que callarán también para siempre. Como los cinco hermanos de Mota del Cuervo (Cuenca) violados por el párroco, las seis niñas de Peñarroya (Córdoba) a las que un cura manoseaba en el confesionario, el grupo de monaguillos de los que su profesor abusó incluso en una visita al santuario de Fátima...
Durante los procesos, las autoridades eclesiásticas rehusaron adoptar medida alguna contra los clérigos, los protegieron hasta que la condena alcanzó la última instancia y no admitía recurso. La Iglesia no quiso saber, no quiso escuchar a las víctimas, hizo todo cuanto pudo por tapar el escándalo. Y luego amparó a los condenados. Los sigue amparando. En algún caso excusó a los culpables, si se lee con atención la declaración del obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, a finales de 2007, sobre los abusos sexuales cometidos por religiosos: "Puede haber menores que sí lo consientan, y de hecho los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso, si te descuidas, te provocan".
Víctimas y culpables. Lobos entre los corderos.
Cinco niñas menores de 12 años que ejercieron de monaguillos en Iglesiarrubia, una pedanía de la provincia de Burgos, durante las vacaciones de verano fueron sometidas a "tocamientos impúdicos" por un sacerdote que ejercía como párroco en Iznájar (Córdoba). La sentencia del Supremo declaró confirmados esos hechos en 2004 y condenó a 18 meses de cárcel al acusado, natural del propio Iglesiarrubia. De lo sucedido años después a esas chicas (ahora mayores de edad), nada se sabe en el pueblo o nadie se atreve a dar razón de ellas: eran veraneantes, no residentes en la localidad. El culpable, Serafín Elena García, regresó a su parroquia andaluza sacando pecho. "Yo no creo en la justicia", declaró entonces.
Serafín Elena, de 74 años, no ha perdido su condición de párroco emérito y su nombre figura en el listado de sacerdotes de la página web de la diócesis cordobesa. Vive en una casa que pertenece al entorno de la parroquia, su coche es el único vehículo que descansa en la cochera de la iglesia de Santiago Apóstol. Celebra misas cada semana. El Ayuntamiento sufragó la edición de dos libros suyos sobre hombres ilustres de la localidad y mantiene un largo artículo suyo en la página web oficial de Iznájar. En el pueblo sigue siendo "don Serafín", y los lugareños reconocen que conocieron los hechos, pero nadie tomó iniciativa alguna, "quizá porque aquí no hubo denuncias".
Tras salir de la cárcel, don Serafín se dirigió a sus fieles en una homilía. Les dijo, según testigos de aquel acto, que había sido víctima de una injusticia por envidias y rencillas como consecuencia de una herencia, pero que perdonaba a quienes lo acusaron de tales infamias. En el pueblo, nadie quiere ser identificado opinando sobre este caso, algunos porque reconocen que don Serafín es un cura chapado a la antigua, de mal carácter, y "fíjese", dice un vecino, "que aquello sucedió con cinco chicas que hacían de monaguillos, cuando don Serafín siempre manifestó que los monaguillos debían ser chicos".
Don Serafín, quien dio la primera comunión al presidente de la Generalitat, José Montilla -natural de Iznájar-, no ha perdido su prestigio: en 2007 leyó un pregón en la Casa de la Cultura. Cuando Mercedes Gallizo, la directora general de Instituciones Penitenciarias, visitó la cárcel de A Lama (Pontevedra), se sorprendió de lo bien que se expresaba cierto preso que ejercía de portavoz de la mayoría, momentos antes de que un funcionario la previniera al oído de que el recluso era un sacerdote pederasta. Se trataba de Edelmiro Rial Fernández, condenado a 15 años de cárcel, sentencia que el Supremo amplió a 21 en 2004 como autor "criminalmente responsable de 12 delitos de abusos sexuales" cometidos sobre unos alumnos del colegio Primero de Marzo en la localidad pontevedresa de Baiona. La sentencia, además de señalar que la conducta del acusado "debió ser vigilada por el obispado", explica que las víctimas sufrieron "desprecio y hasta actitud insultante y conminatoria de una parte de la vecindad" y "a pesar de esos inconvenientes, los menores víctimas persistieron en sus imputaciones porque respondían a la realidad". Instituciones Penitenciarias se opuso a darle el tercer grado al sacerdote, pero un juez se lo concedió en mayo de 2008.
Años después, satisfecha una parte de la condena, el dolor de las víctimas no ha menguado. Esos alumnos de Edelmiro son hoy mayores de edad, alguno de ellos está casado y ha tenido un hijo. No por ello se sienten capaces de manifestar sus sentimientos. Contactado un familiar, manifestó que "no están en condiciones de hablar todavía porque siguen afectados". Ninguno acabó sus estudios. "Eran alumnos de buenas notas y desde entonces empezaron a sufrir malas calificaciones", comenta una madre. Sólo uno ha logrado volver a estudiar. Aprendieron un oficio y ahora trabajan.
La mayoría de las víctimas del padre Edelmiro han recibido tratamiento psicológico durante años. El familiar narra una secuencia de amenazas recibidas a lo largo del proceso y de noticias frustrantes conocidas tiempo después. Esas noticias tienen que ver con las andanzas del sacerdote, quien obtuvo rápidamente un cambio en su condición de recluso para pasar a disfrutar del tercer grado. Aportó un contrato de trabajo en una empresa de telefonía. "Pero por aquí le han buscado periodistas y no le han encontrado nunca en el puesto de trabajo", asegura el familiar, quien supone que el contrato es ficticio. Edelmiro vive en Vigo: pesa sobre él una orden de alejamiento de sus víctimas.
Así ha sucedido en los casos de Peñarroya (Córdoba) y Alcalá la Real (Jaén). Las víctimas se resisten a recordar aquellos episodios años después. Sobre ellos y sus familias siguen pesando las amenazas recibidas, la presión de los vecinos, el comportamiento amenazador de la autoridad eclesiástica. El padre de una de las víctimas de los abusos cometidos por José Domingo Rey Godoy recuerda cómo, a través de Cajasur, la caja de ahorros gobernada por la diócesis de Córdoba, se movilizó una recogida de firmas en Peñarroya a favor del clérigo, llegando a sumar la adhesión de 2.500 vecinos en una población de casi 5.000 habitantes.
En todos estos casos, los culpables se presentaron ante la sociedad como víctimas de conspiraciones motivadas por oscuros intereses particulares. José Domingo Rey, ex párroco de Peñarroya, fue condenado en 2004 a 11 años por abusos sexuales perpetrados con seis niñas. Quedó en libertad condicional en 2008, vive en Córdoba y sigue ejerciendo su ministerio.
Todas las condenas han sido ratificadas por el Tribunal Supremo entre los años 2003 y 2005. Ha transcurrido el tiempo suficiente como para que las víctimas maduren, alcancen la mayoría de edad y manifiesten su dolorosa experiencia, para que sus familiares recuperen la tranquilidad, para que sus experiencias sirvan de ejemplo para otros. Y sin embargo, persisten el dolor, el daño y, además, el silencio, el horror de volver a recordar, el pánico a aparecer en público como acusador o como víctima siquiera. Han sido y serán víctimas para siempre. Estigmatizadas por tener la osadía de haber acusado a un clérigo.
La Iglesia española ha mantenido una actitud agresiva con las víctimas. El ocultamiento o la amenaza han sido el común denominador, tanto como el auxilio a los acusados. Esa posición ha sido criticada en colectivos de orientación cristiana. Es el caso del portal redescristianas.net, en uno de cuyos artículos se manifiesta: "En España ya se conocen al menos una decena de condenas en firme, así como varias docenas de casos. El mismísimo Charles J. Scicluna, promotor de Justicia del Vaticano, reconocía hace unos días que la Santa Sede investiga 14 casos de sacerdotes españoles implicados en abusos sexuales ocurridos entre 2001 y 2010. Pero las únicas declaraciones, a título personal, han venido de la mano del cardenal Antonio Cañizares, que achacó la polémica al intento por parte de algunos de silenciar a Dios en la sociedad, o del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, que, si bien condenó con rotundidad los casos, calificó de "injusto encender el ventilador".
Carlos Sánchez Mato, antiguo catequista en Madrid, no se podía creer lo que ocurría en su parroquia de Aluche. Un grupo de jóvenes le contaron que el párroco Rafael Sanz Nieto estuvo abusando de un niño entre 1999 y 2001. La familia del menor habló con los responsables de la parroquia, incluso con el arzobispado de Madrid, y le trataron de convencer de que lo mejor era silenciar el asunto. El acusado fue condenado a dos años. Sánchez Mato, que entonces fundó la asociación Iglesia sin Abusos, cree que el amparo de la Iglesia a sus sacerdotes ha sido la causa de que no hayan salido a la luz más casos de pederastia.
Sobre el silencio también se manifiesta el jesuita Juan Masiá, profesor de Bioética en Osaka (Japón), quien acuña el término "silencio inmoral". Sus desavenencias con la cúpula de la Iglesia católica española le han obligado a cerrar sus blogs y a que otros medios de comunicación de raíz católica "censuren" o dejen de publicar sus escritos. En un artículo de Masiá que aún no ha sido publicado sostiene: "En el debate reciente en torno a los casos de abusos sexuales por parte de clérigos o religiosos, el punto central es, a mi parecer, el del ocultamiento, apelando por una parte a las conciencias de algunas personas para imponer silencio y pagando el silencio de otras de diversas maneras. Este silencio inmoral es muy distinto del silencio ético de quien guarda un secreto profesional, por ejemplo, un abogado, un médico o un sacerdote al respetar la privacidad del cliente. El silencio inmoral practicado en los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia coincide con el silencio y secretismo observado por la misma Iglesia al tratar inquisitorialmente casos de disidencia dentro de la Iglesia".
"La misma Congregación para la Doctrina de la Fe, que presidió en su tiempo el entonces cardenal Ratzinger, que impuso silencio y secretismo en los casos de pederastia, es la misma que ha manejado con secretismo los procesos inquisitoriales contra teólogos o teólogas disidentes (Hans Kûng, Schillebeecks y otros, a los que no se les daba a conocer quiénes eran sus acusadores ni el dosier de las acusaciones, pero se les juzgaba apoyándose en falsos testimonios o denuncias anónimas). Ese secretismo del funcionamiento de la Curia Romana (y también de otras instancias eclesiásticas, por ejemplo, en el arzobispado de Madrid o en la Comisión para la Doctrina de la Fe en la Conferencia Episcopal Española) es un vicio radical de esta institución, que debería corregirse reconociendo la institución su culpa y reformándose", recalca Masiá.
Apenas hay datos fiables sobre las dimensiones de los abusos cometidos por sacerdotes o religiosos en España. Félix López Sánchez, catedrático de Psicología de la Sexualidad en la Universidad de Salamanca, elaboró en 1994 un estudio sobre este fenómeno. Se realizó con 2.300 encuestas en toda España. En él se concluía que el 4,17% de los abusos contra menores en nuestro país habían sido cometidos por religiosos. La cifra aumentaba hasta el 9% si se trataba de niños varones. Este hecho parece deberse a que muchos de los encuestados eran hombres agredidos en internados o parroquias entre 1950 y 1970. "En esa época, los religiosos tenían más acceso a los niños que a las niñas", comenta el profesor López.
Cada vez son más las voces dentro de la Iglesia que han reclamado a los prelados españoles una declaración conjunta sobre los escándalos de pederastia y que pidan perdón por su actitud de encubrimiento. La declaración llegó el pasado 20 de abril. El cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, dedicó parte de su discurso ante la XCV Asamblea Plenaria a los escándalos de pederastia que salpican a la Iglesia católica. "Nos duelen en el alma los graves pecados y delitos cometidos por algunos hermanos en el sacerdocio y por algunos religiosos", dijo, "que han abusado de menores traicionando la confianza depositada en ellos por la Iglesia y por la sociedad". Sus autores deberán "responder ante Dios y ante la justicia humana", agregó antes de concluir: "Nosotros, como otros episcopados, hemos puesto y, según las necesidades, pondremos con más cuidado los medios adecuados para prevenir y corregir casos de este tipo, de modo que nadie pueda pensar que sea compatible el servicio sacerdotal con la comisión de tales crímenes". Era la primera vez que la Iglesia española calificaba de "crímenes" estos actos.
En los casos investigados por la justicia, la Iglesia ha mantenido una misma línea argumental: los menores fabulan, no tienen capacidad para discernir entre un gesto de cariño y un acto impúdico. Todos los abogados defensores se aferraron a esta argucia como a un clavo ardiendo, además de predisponer a los fieles en contra de presuntas "conspiraciones contra le fe cristiana". Sin embargo, las sentencias dictadas hasta el momento constatan hechos probados.
La justicia ha tratado de hacer su trabajo. En uno de los casos sentenciados, el juez llevó su celo probatorio a un extremo: sabedor de que el acusado estaba operado de fimosis y de que su defensa insistía en la incapacidad de los menores para discernir sobre asuntos sexuales, convocó a una de las víctimas a su despacho y dibujó sobre un papel, con cierta pericia, diez penes, dos de los cuales representaban un miembro con el glande al descubierto. La víctima señaló sin dudarlo los dos miembros circuncidados. El pederasta, junto a otras pruebas, fue condenado. En su diócesis nadie asumió responsabilidades.
Una veintena de obispos han dimitido por no haber actuado con diligencia en casos de pederastia en diversos países. Los cuatro últimos, esta misma semana, en Alemania, Bélgica, Irlanda y Estados Unidos. En España, todavía ninguno.
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Bertone admite que "la Iglesia deberá formar mejor a los sacerdotes"
Un homenaje al abusador por sus 50 años de servicio
El hermano marista Fernando Vecino Tomás, de 69 años, fue homenajeado en enero pasado por sus "50 años al servicio del Señor", junto con otra docena de religiosos de la Provincia Marista de Compostela. "Que Dios bendiga nuestro trabajo y siga manteniendo nuestras fuerzas para seguir evangelizando a los niños y jóvenes en el trabajo y con el testimonio nuestras vidas", dijo Primitivo Mendoza, el máximo responsable de la congregación en la zona.
En esas fechas, Vecino ya estaba encausado y pendiente de juicio por abusos cometidos sobre una niña de 10 años y otra de 11 cuando ejercía de secretario del colegio El Pilar de Vigo.
El religioso admitió los hechos para evitar que el asunto llegara a juicio y hubiese una vista pública. Tras llegar a un acuerdo su abogada y la fiscal, el juzgado de lo penal número 2 de Vigo le condenó el pasado 7 de abril a dos años de prisión, al considerarle "autor de un delito continuado de abusos sexuales".
La sentencia relata que una de las escolares acudió al despacho del fraile a pedirle golosinas y él aprovechó para "tocarle el pecho por encima de la ropa y la barriga por debajo de la camiseta". A su amiga le manoseó "el pecho por debajo de la ropa, directamente sobre la piel, apretando uno de los senos, al tiempo que le decía: 'Qué callada y qué guapa eres". El religioso admitió los hechos para evitar que el asunto llegara a juicio.
La madre de una de las menores asegura que la chiquilla "lo pasó muy mal" después de aquel turbio incidente y se lamenta de que la familia no recibió ningún apoyo por parte de la congregación marista. "Lo único que les preocupaba era que el caso no saliera a la luz, que el centro no tuviera una mala publicidad", ha declarado.
Un caso similar es el protagonizado por José Ángel Arregui Eraña, religioso de San Viator, que fue detenido en Chile en agosto de 2009 con centenares de grabaciones de abusos a menores en distintos colegios españoles. La investigación ha determinado que el religioso poseía filmaciones de actos sexuales cometidos por él mismo sobre 15 alumnos de los colegios San Viator de Madrid, San Viator de Vizcaya y el San José de Basauri.
El sacerdote Gregorio Salgado Jiménez, que ejerció de profesor en un colegio, fue condenado a dos años de cárcel en febrero de 2006 por abusar de una joven de 24 años que tenía una edad mental mucho menor por sufrir síndrome de Down. La muchacha, según su madre, sufrió el "rechazo de los vecinos", lo que le causó alteraciones psicológicas y ataques epilépticos.
Otro profesor de catequesis, Juan José Ayensa, fue penado el pasado febrero a 16 meses de prisión por exhibicionismo y provocación sexual ante cinco chicos en Barásoain (Navarra).
El párroco que forzó a cinco menores hermanos durante décadas
En Cuenca se produjo un caso especialmente terrible: un cura que entre 1978 y 1992 abusó, uno detrás de otro, de cinco niños hermanos. Francisco Javier Liante Sánchez, párroco de Mota del Cuervo y profesor de religión en un instituto local, conoció en 1978 a un chiquillo de nueve años, al que convenció para que le masturbara "en innumerables ocasiones", según la justicia. Poco después, el sacerdote conoció a un segundo hermano del menor y empezó a someterlo a las mismas prácticas. En 1981, Liante fue trasladado al pueblo de Garaballa, a 200 kilómetros de Mota del Cuervo, quizá porque algo había llegado a oídos de la autoridad eclesiástica. Pese a eso, el alcalde comunista de Mota del Cuervo le hizo director de la casa de cultura, por lo que siguió realizando muchas visitas a esta ciudad. Gracias a eso, el cura fue captando a los cinco hermanos, llegando al punto de convertirlos en monjes y refundar con ellos el monasterio de Tejeda. Sodomizaciones, masturbaciones y felaciones fueron habituales en esa comunidad. Uno de aquellos cinco niños, siendo ya adulto, mostró graves alteraciones psicológicas y "gran sentimiento de culpabilidad" por los prolongados abusos sexuales. El propio sacerdote admitió ante una psicóloga que mantenía relaciones con el muchacho desde que era niño. Su agobio fue tal que en 1996 intentó suicidarse en dos ocasiones atiborrándose de fármacos. Este joven fue el que presentó una denuncia contra su ex director espiritual. El proceso concluyó en abril de 1999 con una condena de cuatro años y nueve meses de prisión por corrupción de menores. Fue absuelto de otros tres delitos similares porque su responsabilidad ya había prescrito.
Otro cura, en esta ocasión de la parroquia del Salvador de Alcalá la Real (Jaén), está en libertad condicional, acabando de cumplir en su casa la pena de ocho años de prisión que le fue impuesta en 2004 por el Supremo al hallarle culpable de abusar repetidamente de un monaguillo adolescente.
Luis José Beltrán Calvo, que hoy tiene 49 años, se ganó la confianza del chiquillo y le convenció para acudir a su casa a recibir clases. Aprovechando este hecho, el sacerdote empezó por pedirle que le hiciera masajes, que después se convirtieron en felaciones, tocamientos y masturbaciones. Los informes psicológicos presentados por el abogado de la familia del menor demostraron que éste sufrió enormes daños a causa de los abusos que padeció durante años. Cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena, el obispo de Jaén, Santiago García Aracil, difundió un comunicado en el que se negaba a condenar moralmente al párroco. El prelado sostenía que su deber era "estar al lado de los sacerdotes".
Don Edelmiro y el viaje al santuario de Fátima
Edelmiro Rial era, en 1996, un cura joven de 27 años. Comenzaba entonces las tareas propias del sacerdocio. La diócesis de Tui-Vigo le encomendaba la dirección espiritual de dos parroquias del municipio de Baiona (Pontevedra). Edelmiro simultaneó esta labor con las clases de religión, como profesor también designado por la diócesis, en el instituto Primero de Marzo. Apenas cuatro años después de su nombramiento, surgieron las denuncias.
Edelmiro había establecido una relación más estrecha al menos con seis de sus alumnos (algunos de ellos familiares entre sí), a quienes también había captado como monaguillos. Edelmiro se mostraba como un joven educado, simpático y siempre solícito hacia las familias de los muchachos. Compartía actividades con los chavales, les ayudaba en las tareas escolares y se ofrecía también a sus padres como canguro. "Edelmiro estaba siempre dispuesto con tal de quedarse al lado de los chavales", recuerda una de las madres.
La sentencia dictada por el Supremo en 2004 desmenuza los hechos con cierto detalle y de ellos se deduce un modus operandi. "Lo llevó a la casa parroquial, donde, tras estar jugando con el ordenador hasta aproximadamente la una de la madrugada, y con la disculpa puesta por el inculpado de que era para no tener que hacer otra cama, se acostaron los dos en calzoncillos en una misma cama y, después de un cierto tiempo, comenzó el acusado, movido por sus deseos libidinosos, a efectuar tocamientos sobre...". Los hechos se reproducen de forma casi idéntica en los demás casos: invitaciones a su casa para hacer tareas escolares, llamadas a las madres para tranquilizarlas... y el posterior abuso del menor aprovechando que se acostaban en la misma cama.
Los abusos, los tocamientos y las felaciones fueron continuadas en el tiempo (incluso, aprovechando también una excursión al santuario portugués de Fátima). De ahí, la sentencia concluye que "a consecuencia de todos los actos anteriormente descritos, los menores resultaron con similares problemas de ansiedad, inseguridad y depresión".
Los menores callaron durante un tiempo, hasta que un día de Nochebuena, una de las madres escuchó parte de una conversación entre ellos. La madre se inquietó, comenzó a interrogarles y obtuvo una confesión.
A partir de ese momento comenzó una pesadilla para los familiares. Había más chavales afectados por el comportamiento del sacerdote, pero no todos aceptaron emprender la dura tarea de la denuncia. "La directora del colegio tampoco fue muy comprensiva con nosotros", recuerda la madre. Hubo padres y fieles de las parroquias que se posicionaron en contra de los denunciantes, comenzaron las amenazas, las tensiones, los daños materiales en bienes de los afectados y el escándalo consiguiente.
La Audiencia condenó al sacerdote a 15 años de prisión, pero el Supremo elevó dicha condena a 21 años. Aquello no significó el fin del drama para familiares y afectados. Fuentes de Instituciones Penitenciarias reconocen que hubo presiones para que el sacerdote gozara de privilegios durante su estancia en prisión. En breve tiempo alcanzó el tercer grado (la semilibertad) gracias a un contrato de trabajo ofrecido por una pequeña empresa de telefonía de Vigo. No hay ningún testigo que haya podido verificar que Edelmiro esté cumpliendo realmente con dicho contrato.
MINGO - 25-04-2010La niña le tenía cerca. Vivía en casa. Era don José, un huésped importante, un clérigo con ambiciones de obispo. Ejercía de benefactor de la familia ante la ausencia del padre. Pagaba un alquiler mensual y hacía las veces de educador y profesor de matemáticas. La sacaba de paseo. Pero también, a solas, la tocaba; la obligaba a practicar felaciones y si se resistía, la golpeaba. La pesadilla, oscura, profunda, duró diez años, hasta que la muchacha (supongamos que se llama Isabel) se hizo mujer. Entonces, paró. Quedó el daño, algo sucio agazapado en la memoria de la joven que la incapacita para tener una relación con un hombre. Ha sido y será víctima para siempre a pesar de que su caso fue resuelto por la justicia y obtuvo el refrendo del Tribunal Supremo.
Dos domicilios en Madrid, separados por 40 kilómetros de ladrillo y asfalto. En uno reside Isabel. En el otro, el culpable, quien todavía debe dormir un día de cada 15 en un centro de Instituciones Penitenciarias, por su condición de recluso en tercer grado. La puerta del piso de la víctima se abre, aparece la madre, escucha la introducción: "Queremos saber cómo se encuentra su hija y si podríamos hablar con ella de lo sucedido. Han pasado más de diez años de aquello...". La mujer da un paso atrás, se tranquiliza cuando los periodistas se identifican, pero contesta con evasivas, azorada. "No queremos recordarlo todo otra vez", dice, "mi hija no está preparada, sigue sin estar bien, no lo ha olvidado, no hemos vuelto a hablar de ello". La madre recibe una información que desconocía: se entera que el culpable ya se pasea por la calle. "¡No puede ser! La Audiencia me aseguró que nos avisaría cuando saliera", replica asustada.
No la avisaron. Alguien prometió una falsedad.
Dos días después, durante una segunda visita previamente acordada, la madre insiste en sus negativas aunque acepta dar algunos detalles. "Desde que nos dijeron que ese hombre ha salido de la cárcel, no hemos podido dormir", añade. Persisten en su recuerdo las amenazas recibidas, el cartucho del 9 Parabellum llegado en un sobre anónimo. Isabel, licenciada universitaria que hoy tiene ya 35 años, sigue sin querer hablar, sin poder olvidar. Sigue en la pesadilla.
En el domicilio del condenado, el octogenario José Martín de la Peña, la escena es diametralmente opuesta. No se sorprende de la llamada al timbre. No da un paso atrás. Abre la puerta e invita a sus visitantes a pasar a un pequeño salón, donde veía la televisión. Se explaya sin reservas. Expulsa palabras como un torrente: "He recurrido al tribunal de Estrasburgo. Dentro de dos meses tendré una sentencia positiva. Aquello fue una conspiración preparada por un cura masón. Yo era el protector de aquella chica. Me he dedicado siempre a colaborar con gente en situación precaria. He curado a muchos, dados mis conocimientos. Intenté salvar a aquella chica, que nació en una situación muy difícil, pero ya ve, mi abogado no lo hizo bien, he estado en contacto siempre con gente joven en muchos sitios y jamás nadie dijo nada de mí. Si hubiera sido culpable, lo habría hecho en otra ocasión, habría más denuncias. Fue desagradable, pero he sido siempre feliz. Me han salido siempre bien las cosas. Así que esto me ha sido dado para prepararme para lo que vendrá después. He dedicado el tiempo en la cárcel a preparar yo solo mi recurso".
Martín de la Peña habla sin tomarse un respiro: "El tiempo ha pasado deprisa. Estuve en un módulo con 10 inocentes. ¿Sabe usted por qué? Porque en la cárcel ni están todos los que son ni son todos los que están. A mí en la cárcel me trataron muy bien, sólo hubo un preso que quiso vérselas conmigo y ya le dije, yo a las malas... Mire usted, aquello fue un proceso ideológico, porque no se puede hacer justicia con ideología, la justicia eclesiástica está mucho mejor preparada que la civil, y yo de eso sé mucho...".
El anciano recuerda que vivió durante años en el domicilio de la chica como huésped. No podía ser menos: fue huésped de esa familia durante diez años y sometió a la niña a "innumerables tocamientos lúbricos" y le obligaba a hacerle felaciones, según la sentencia de la Audiencia de Madrid de 6 de mayo de 2003. Ahora, el cura niega los abusos: "Esa chica me quería mucho. La madre era otra cosa, y eso que la ayudé a pagar el piso. La madre me dijo que le habría gustado tener un hijo conmigo si fuera tan inteligente como yo. Porque a mí me han querido mucho las mujeres, ¿sabe? Me han besado mucho, porque yo sé que a las mujeres hay que tratarlas con delicadeza. Cuando yo era joven me dieron un consejo: hay que ganarse a las madres...".
Martín de la Peña ha estado hablando durante más de media hora con toda naturalidad. Sin el menor recelo ante los periodistas. Sostiene que ejerció de capellán en la cárcel y que monseñor Rouco Varela le ha puesto de ejemplo ante los jóvenes sacerdotes. Vive en un piso propiedad de la diócesis de Alcalá de Henares. Asegura que durante la pasada Semana Santa concelebró varias misas con el obispo en la catedral de esta ciudad.
Isabel ha enmudecido. Teme hablar. Como otras víctimas, incapacitadas para olvidar, que callarán también para siempre. Como los cinco hermanos de Mota del Cuervo (Cuenca) violados por el párroco, las seis niñas de Peñarroya (Córdoba) a las que un cura manoseaba en el confesionario, el grupo de monaguillos de los que su profesor abusó incluso en una visita al santuario de Fátima...
Durante los procesos, las autoridades eclesiásticas rehusaron adoptar medida alguna contra los clérigos, los protegieron hasta que la condena alcanzó la última instancia y no admitía recurso. La Iglesia no quiso saber, no quiso escuchar a las víctimas, hizo todo cuanto pudo por tapar el escándalo. Y luego amparó a los condenados. Los sigue amparando. En algún caso excusó a los culpables, si se lee con atención la declaración del obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, a finales de 2007, sobre los abusos sexuales cometidos por religiosos: "Puede haber menores que sí lo consientan, y de hecho los hay. Hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo y, además, deseándolo. Incluso, si te descuidas, te provocan".
Víctimas y culpables. Lobos entre los corderos.
Cinco niñas menores de 12 años que ejercieron de monaguillos en Iglesiarrubia, una pedanía de la provincia de Burgos, durante las vacaciones de verano fueron sometidas a "tocamientos impúdicos" por un sacerdote que ejercía como párroco en Iznájar (Córdoba). La sentencia del Supremo declaró confirmados esos hechos en 2004 y condenó a 18 meses de cárcel al acusado, natural del propio Iglesiarrubia. De lo sucedido años después a esas chicas (ahora mayores de edad), nada se sabe en el pueblo o nadie se atreve a dar razón de ellas: eran veraneantes, no residentes en la localidad. El culpable, Serafín Elena García, regresó a su parroquia andaluza sacando pecho. "Yo no creo en la justicia", declaró entonces.
Serafín Elena, de 74 años, no ha perdido su condición de párroco emérito y su nombre figura en el listado de sacerdotes de la página web de la diócesis cordobesa. Vive en una casa que pertenece al entorno de la parroquia, su coche es el único vehículo que descansa en la cochera de la iglesia de Santiago Apóstol. Celebra misas cada semana. El Ayuntamiento sufragó la edición de dos libros suyos sobre hombres ilustres de la localidad y mantiene un largo artículo suyo en la página web oficial de Iznájar. En el pueblo sigue siendo "don Serafín", y los lugareños reconocen que conocieron los hechos, pero nadie tomó iniciativa alguna, "quizá porque aquí no hubo denuncias".
Tras salir de la cárcel, don Serafín se dirigió a sus fieles en una homilía. Les dijo, según testigos de aquel acto, que había sido víctima de una injusticia por envidias y rencillas como consecuencia de una herencia, pero que perdonaba a quienes lo acusaron de tales infamias. En el pueblo, nadie quiere ser identificado opinando sobre este caso, algunos porque reconocen que don Serafín es un cura chapado a la antigua, de mal carácter, y "fíjese", dice un vecino, "que aquello sucedió con cinco chicas que hacían de monaguillos, cuando don Serafín siempre manifestó que los monaguillos debían ser chicos".
Don Serafín, quien dio la primera comunión al presidente de la Generalitat, José Montilla -natural de Iznájar-, no ha perdido su prestigio: en 2007 leyó un pregón en la Casa de la Cultura. Cuando Mercedes Gallizo, la directora general de Instituciones Penitenciarias, visitó la cárcel de A Lama (Pontevedra), se sorprendió de lo bien que se expresaba cierto preso que ejercía de portavoz de la mayoría, momentos antes de que un funcionario la previniera al oído de que el recluso era un sacerdote pederasta. Se trataba de Edelmiro Rial Fernández, condenado a 15 años de cárcel, sentencia que el Supremo amplió a 21 en 2004 como autor "criminalmente responsable de 12 delitos de abusos sexuales" cometidos sobre unos alumnos del colegio Primero de Marzo en la localidad pontevedresa de Baiona. La sentencia, además de señalar que la conducta del acusado "debió ser vigilada por el obispado", explica que las víctimas sufrieron "desprecio y hasta actitud insultante y conminatoria de una parte de la vecindad" y "a pesar de esos inconvenientes, los menores víctimas persistieron en sus imputaciones porque respondían a la realidad". Instituciones Penitenciarias se opuso a darle el tercer grado al sacerdote, pero un juez se lo concedió en mayo de 2008.
Años después, satisfecha una parte de la condena, el dolor de las víctimas no ha menguado. Esos alumnos de Edelmiro son hoy mayores de edad, alguno de ellos está casado y ha tenido un hijo. No por ello se sienten capaces de manifestar sus sentimientos. Contactado un familiar, manifestó que "no están en condiciones de hablar todavía porque siguen afectados". Ninguno acabó sus estudios. "Eran alumnos de buenas notas y desde entonces empezaron a sufrir malas calificaciones", comenta una madre. Sólo uno ha logrado volver a estudiar. Aprendieron un oficio y ahora trabajan.
La mayoría de las víctimas del padre Edelmiro han recibido tratamiento psicológico durante años. El familiar narra una secuencia de amenazas recibidas a lo largo del proceso y de noticias frustrantes conocidas tiempo después. Esas noticias tienen que ver con las andanzas del sacerdote, quien obtuvo rápidamente un cambio en su condición de recluso para pasar a disfrutar del tercer grado. Aportó un contrato de trabajo en una empresa de telefonía. "Pero por aquí le han buscado periodistas y no le han encontrado nunca en el puesto de trabajo", asegura el familiar, quien supone que el contrato es ficticio. Edelmiro vive en Vigo: pesa sobre él una orden de alejamiento de sus víctimas.
Así ha sucedido en los casos de Peñarroya (Córdoba) y Alcalá la Real (Jaén). Las víctimas se resisten a recordar aquellos episodios años después. Sobre ellos y sus familias siguen pesando las amenazas recibidas, la presión de los vecinos, el comportamiento amenazador de la autoridad eclesiástica. El padre de una de las víctimas de los abusos cometidos por José Domingo Rey Godoy recuerda cómo, a través de Cajasur, la caja de ahorros gobernada por la diócesis de Córdoba, se movilizó una recogida de firmas en Peñarroya a favor del clérigo, llegando a sumar la adhesión de 2.500 vecinos en una población de casi 5.000 habitantes.
En todos estos casos, los culpables se presentaron ante la sociedad como víctimas de conspiraciones motivadas por oscuros intereses particulares. José Domingo Rey, ex párroco de Peñarroya, fue condenado en 2004 a 11 años por abusos sexuales perpetrados con seis niñas. Quedó en libertad condicional en 2008, vive en Córdoba y sigue ejerciendo su ministerio.
Todas las condenas han sido ratificadas por el Tribunal Supremo entre los años 2003 y 2005. Ha transcurrido el tiempo suficiente como para que las víctimas maduren, alcancen la mayoría de edad y manifiesten su dolorosa experiencia, para que sus familiares recuperen la tranquilidad, para que sus experiencias sirvan de ejemplo para otros. Y sin embargo, persisten el dolor, el daño y, además, el silencio, el horror de volver a recordar, el pánico a aparecer en público como acusador o como víctima siquiera. Han sido y serán víctimas para siempre. Estigmatizadas por tener la osadía de haber acusado a un clérigo.
La Iglesia española ha mantenido una actitud agresiva con las víctimas. El ocultamiento o la amenaza han sido el común denominador, tanto como el auxilio a los acusados. Esa posición ha sido criticada en colectivos de orientación cristiana. Es el caso del portal redescristianas.net, en uno de cuyos artículos se manifiesta: "En España ya se conocen al menos una decena de condenas en firme, así como varias docenas de casos. El mismísimo Charles J. Scicluna, promotor de Justicia del Vaticano, reconocía hace unos días que la Santa Sede investiga 14 casos de sacerdotes españoles implicados en abusos sexuales ocurridos entre 2001 y 2010. Pero las únicas declaraciones, a título personal, han venido de la mano del cardenal Antonio Cañizares, que achacó la polémica al intento por parte de algunos de silenciar a Dios en la sociedad, o del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, que, si bien condenó con rotundidad los casos, calificó de "injusto encender el ventilador".
Carlos Sánchez Mato, antiguo catequista en Madrid, no se podía creer lo que ocurría en su parroquia de Aluche. Un grupo de jóvenes le contaron que el párroco Rafael Sanz Nieto estuvo abusando de un niño entre 1999 y 2001. La familia del menor habló con los responsables de la parroquia, incluso con el arzobispado de Madrid, y le trataron de convencer de que lo mejor era silenciar el asunto. El acusado fue condenado a dos años. Sánchez Mato, que entonces fundó la asociación Iglesia sin Abusos, cree que el amparo de la Iglesia a sus sacerdotes ha sido la causa de que no hayan salido a la luz más casos de pederastia.
Sobre el silencio también se manifiesta el jesuita Juan Masiá, profesor de Bioética en Osaka (Japón), quien acuña el término "silencio inmoral". Sus desavenencias con la cúpula de la Iglesia católica española le han obligado a cerrar sus blogs y a que otros medios de comunicación de raíz católica "censuren" o dejen de publicar sus escritos. En un artículo de Masiá que aún no ha sido publicado sostiene: "En el debate reciente en torno a los casos de abusos sexuales por parte de clérigos o religiosos, el punto central es, a mi parecer, el del ocultamiento, apelando por una parte a las conciencias de algunas personas para imponer silencio y pagando el silencio de otras de diversas maneras. Este silencio inmoral es muy distinto del silencio ético de quien guarda un secreto profesional, por ejemplo, un abogado, un médico o un sacerdote al respetar la privacidad del cliente. El silencio inmoral practicado en los casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia coincide con el silencio y secretismo observado por la misma Iglesia al tratar inquisitorialmente casos de disidencia dentro de la Iglesia".
"La misma Congregación para la Doctrina de la Fe, que presidió en su tiempo el entonces cardenal Ratzinger, que impuso silencio y secretismo en los casos de pederastia, es la misma que ha manejado con secretismo los procesos inquisitoriales contra teólogos o teólogas disidentes (Hans Kûng, Schillebeecks y otros, a los que no se les daba a conocer quiénes eran sus acusadores ni el dosier de las acusaciones, pero se les juzgaba apoyándose en falsos testimonios o denuncias anónimas). Ese secretismo del funcionamiento de la Curia Romana (y también de otras instancias eclesiásticas, por ejemplo, en el arzobispado de Madrid o en la Comisión para la Doctrina de la Fe en la Conferencia Episcopal Española) es un vicio radical de esta institución, que debería corregirse reconociendo la institución su culpa y reformándose", recalca Masiá.
Apenas hay datos fiables sobre las dimensiones de los abusos cometidos por sacerdotes o religiosos en España. Félix López Sánchez, catedrático de Psicología de la Sexualidad en la Universidad de Salamanca, elaboró en 1994 un estudio sobre este fenómeno. Se realizó con 2.300 encuestas en toda España. En él se concluía que el 4,17% de los abusos contra menores en nuestro país habían sido cometidos por religiosos. La cifra aumentaba hasta el 9% si se trataba de niños varones. Este hecho parece deberse a que muchos de los encuestados eran hombres agredidos en internados o parroquias entre 1950 y 1970. "En esa época, los religiosos tenían más acceso a los niños que a las niñas", comenta el profesor López.
Cada vez son más las voces dentro de la Iglesia que han reclamado a los prelados españoles una declaración conjunta sobre los escándalos de pederastia y que pidan perdón por su actitud de encubrimiento. La declaración llegó el pasado 20 de abril. El cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, dedicó parte de su discurso ante la XCV Asamblea Plenaria a los escándalos de pederastia que salpican a la Iglesia católica. "Nos duelen en el alma los graves pecados y delitos cometidos por algunos hermanos en el sacerdocio y por algunos religiosos", dijo, "que han abusado de menores traicionando la confianza depositada en ellos por la Iglesia y por la sociedad". Sus autores deberán "responder ante Dios y ante la justicia humana", agregó antes de concluir: "Nosotros, como otros episcopados, hemos puesto y, según las necesidades, pondremos con más cuidado los medios adecuados para prevenir y corregir casos de este tipo, de modo que nadie pueda pensar que sea compatible el servicio sacerdotal con la comisión de tales crímenes". Era la primera vez que la Iglesia española calificaba de "crímenes" estos actos.
En los casos investigados por la justicia, la Iglesia ha mantenido una misma línea argumental: los menores fabulan, no tienen capacidad para discernir entre un gesto de cariño y un acto impúdico. Todos los abogados defensores se aferraron a esta argucia como a un clavo ardiendo, además de predisponer a los fieles en contra de presuntas "conspiraciones contra le fe cristiana". Sin embargo, las sentencias dictadas hasta el momento constatan hechos probados.
La justicia ha tratado de hacer su trabajo. En uno de los casos sentenciados, el juez llevó su celo probatorio a un extremo: sabedor de que el acusado estaba operado de fimosis y de que su defensa insistía en la incapacidad de los menores para discernir sobre asuntos sexuales, convocó a una de las víctimas a su despacho y dibujó sobre un papel, con cierta pericia, diez penes, dos de los cuales representaban un miembro con el glande al descubierto. La víctima señaló sin dudarlo los dos miembros circuncidados. El pederasta, junto a otras pruebas, fue condenado. En su diócesis nadie asumió responsabilidades.
Una veintena de obispos han dimitido por no haber actuado con diligencia en casos de pederastia en diversos países. Los cuatro últimos, esta misma semana, en Alemania, Bélgica, Irlanda y Estados Unidos. En España, todavía ninguno.
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Un homenaje al abusador por sus 50 años de servicio
El hermano marista Fernando Vecino Tomás, de 69 años, fue homenajeado en enero pasado por sus "50 años al servicio del Señor", junto con otra docena de religiosos de la Provincia Marista de Compostela. "Que Dios bendiga nuestro trabajo y siga manteniendo nuestras fuerzas para seguir evangelizando a los niños y jóvenes en el trabajo y con el testimonio nuestras vidas", dijo Primitivo Mendoza, el máximo responsable de la congregación en la zona.
En esas fechas, Vecino ya estaba encausado y pendiente de juicio por abusos cometidos sobre una niña de 10 años y otra de 11 cuando ejercía de secretario del colegio El Pilar de Vigo.
El religioso admitió los hechos para evitar que el asunto llegara a juicio y hubiese una vista pública. Tras llegar a un acuerdo su abogada y la fiscal, el juzgado de lo penal número 2 de Vigo le condenó el pasado 7 de abril a dos años de prisión, al considerarle "autor de un delito continuado de abusos sexuales".
La sentencia relata que una de las escolares acudió al despacho del fraile a pedirle golosinas y él aprovechó para "tocarle el pecho por encima de la ropa y la barriga por debajo de la camiseta". A su amiga le manoseó "el pecho por debajo de la ropa, directamente sobre la piel, apretando uno de los senos, al tiempo que le decía: 'Qué callada y qué guapa eres". El religioso admitió los hechos para evitar que el asunto llegara a juicio.
La madre de una de las menores asegura que la chiquilla "lo pasó muy mal" después de aquel turbio incidente y se lamenta de que la familia no recibió ningún apoyo por parte de la congregación marista. "Lo único que les preocupaba era que el caso no saliera a la luz, que el centro no tuviera una mala publicidad", ha declarado.
Un caso similar es el protagonizado por José Ángel Arregui Eraña, religioso de San Viator, que fue detenido en Chile en agosto de 2009 con centenares de grabaciones de abusos a menores en distintos colegios españoles. La investigación ha determinado que el religioso poseía filmaciones de actos sexuales cometidos por él mismo sobre 15 alumnos de los colegios San Viator de Madrid, San Viator de Vizcaya y el San José de Basauri.
El sacerdote Gregorio Salgado Jiménez, que ejerció de profesor en un colegio, fue condenado a dos años de cárcel en febrero de 2006 por abusar de una joven de 24 años que tenía una edad mental mucho menor por sufrir síndrome de Down. La muchacha, según su madre, sufrió el "rechazo de los vecinos", lo que le causó alteraciones psicológicas y ataques epilépticos.
Otro profesor de catequesis, Juan José Ayensa, fue penado el pasado febrero a 16 meses de prisión por exhibicionismo y provocación sexual ante cinco chicos en Barásoain (Navarra).
El párroco que forzó a cinco menores hermanos durante décadas
En Cuenca se produjo un caso especialmente terrible: un cura que entre 1978 y 1992 abusó, uno detrás de otro, de cinco niños hermanos. Francisco Javier Liante Sánchez, párroco de Mota del Cuervo y profesor de religión en un instituto local, conoció en 1978 a un chiquillo de nueve años, al que convenció para que le masturbara "en innumerables ocasiones", según la justicia. Poco después, el sacerdote conoció a un segundo hermano del menor y empezó a someterlo a las mismas prácticas. En 1981, Liante fue trasladado al pueblo de Garaballa, a 200 kilómetros de Mota del Cuervo, quizá porque algo había llegado a oídos de la autoridad eclesiástica. Pese a eso, el alcalde comunista de Mota del Cuervo le hizo director de la casa de cultura, por lo que siguió realizando muchas visitas a esta ciudad. Gracias a eso, el cura fue captando a los cinco hermanos, llegando al punto de convertirlos en monjes y refundar con ellos el monasterio de Tejeda. Sodomizaciones, masturbaciones y felaciones fueron habituales en esa comunidad. Uno de aquellos cinco niños, siendo ya adulto, mostró graves alteraciones psicológicas y "gran sentimiento de culpabilidad" por los prolongados abusos sexuales. El propio sacerdote admitió ante una psicóloga que mantenía relaciones con el muchacho desde que era niño. Su agobio fue tal que en 1996 intentó suicidarse en dos ocasiones atiborrándose de fármacos. Este joven fue el que presentó una denuncia contra su ex director espiritual. El proceso concluyó en abril de 1999 con una condena de cuatro años y nueve meses de prisión por corrupción de menores. Fue absuelto de otros tres delitos similares porque su responsabilidad ya había prescrito.
Otro cura, en esta ocasión de la parroquia del Salvador de Alcalá la Real (Jaén), está en libertad condicional, acabando de cumplir en su casa la pena de ocho años de prisión que le fue impuesta en 2004 por el Supremo al hallarle culpable de abusar repetidamente de un monaguillo adolescente.
Luis José Beltrán Calvo, que hoy tiene 49 años, se ganó la confianza del chiquillo y le convenció para acudir a su casa a recibir clases. Aprovechando este hecho, el sacerdote empezó por pedirle que le hiciera masajes, que después se convirtieron en felaciones, tocamientos y masturbaciones. Los informes psicológicos presentados por el abogado de la familia del menor demostraron que éste sufrió enormes daños a causa de los abusos que padeció durante años. Cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena, el obispo de Jaén, Santiago García Aracil, difundió un comunicado en el que se negaba a condenar moralmente al párroco. El prelado sostenía que su deber era "estar al lado de los sacerdotes".
Don Edelmiro y el viaje al santuario de Fátima
Edelmiro Rial era, en 1996, un cura joven de 27 años. Comenzaba entonces las tareas propias del sacerdocio. La diócesis de Tui-Vigo le encomendaba la dirección espiritual de dos parroquias del municipio de Baiona (Pontevedra). Edelmiro simultaneó esta labor con las clases de religión, como profesor también designado por la diócesis, en el instituto Primero de Marzo. Apenas cuatro años después de su nombramiento, surgieron las denuncias.
Edelmiro había establecido una relación más estrecha al menos con seis de sus alumnos (algunos de ellos familiares entre sí), a quienes también había captado como monaguillos. Edelmiro se mostraba como un joven educado, simpático y siempre solícito hacia las familias de los muchachos. Compartía actividades con los chavales, les ayudaba en las tareas escolares y se ofrecía también a sus padres como canguro. "Edelmiro estaba siempre dispuesto con tal de quedarse al lado de los chavales", recuerda una de las madres.
La sentencia dictada por el Supremo en 2004 desmenuza los hechos con cierto detalle y de ellos se deduce un modus operandi. "Lo llevó a la casa parroquial, donde, tras estar jugando con el ordenador hasta aproximadamente la una de la madrugada, y con la disculpa puesta por el inculpado de que era para no tener que hacer otra cama, se acostaron los dos en calzoncillos en una misma cama y, después de un cierto tiempo, comenzó el acusado, movido por sus deseos libidinosos, a efectuar tocamientos sobre...". Los hechos se reproducen de forma casi idéntica en los demás casos: invitaciones a su casa para hacer tareas escolares, llamadas a las madres para tranquilizarlas... y el posterior abuso del menor aprovechando que se acostaban en la misma cama.
Los abusos, los tocamientos y las felaciones fueron continuadas en el tiempo (incluso, aprovechando también una excursión al santuario portugués de Fátima). De ahí, la sentencia concluye que "a consecuencia de todos los actos anteriormente descritos, los menores resultaron con similares problemas de ansiedad, inseguridad y depresión".
Los menores callaron durante un tiempo, hasta que un día de Nochebuena, una de las madres escuchó parte de una conversación entre ellos. La madre se inquietó, comenzó a interrogarles y obtuvo una confesión.
A partir de ese momento comenzó una pesadilla para los familiares. Había más chavales afectados por el comportamiento del sacerdote, pero no todos aceptaron emprender la dura tarea de la denuncia. "La directora del colegio tampoco fue muy comprensiva con nosotros", recuerda la madre. Hubo padres y fieles de las parroquias que se posicionaron en contra de los denunciantes, comenzaron las amenazas, las tensiones, los daños materiales en bienes de los afectados y el escándalo consiguiente.
La Audiencia condenó al sacerdote a 15 años de prisión, pero el Supremo elevó dicha condena a 21 años. Aquello no significó el fin del drama para familiares y afectados. Fuentes de Instituciones Penitenciarias reconocen que hubo presiones para que el sacerdote gozara de privilegios durante su estancia en prisión. En breve tiempo alcanzó el tercer grado (la semilibertad) gracias a un contrato de trabajo ofrecido por una pequeña empresa de telefonía de Vigo. No hay ningún testigo que haya podido verificar que Edelmiro esté cumpliendo realmente con dicho contrato.
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