Catolicismo, patria potestad y autonomía. ENRIQUE GIL CALVO

Catolicismo, patria potestad y autonomía. ENRIQUE GIL CALVO. EL PAÍS - Opinión - 11-06-2009
Desde que el Gobierno decidió reactivar la reforma de la despenalización del aborto para transformarla en una ley de plazos, la Iglesia española ha reaccionado promoviendo otra nueva cruzada antilaicista tan injusta, furibunda y tremendista como todas las anteriores. Y, enseguida, el PP se sumó con armas y bagajes a la nueva cruzada antiabortista, para excitar así un clima de crispación que prometía devengarle pingües réditos electorales.
Hasta aquí, todo lógico y normal, dentro del régimen energúmeno a que nos tiene acostumbrados nuestra clase política, mediática y episcopal. Pero en ésas estábamos cuando de pronto se han añadido algunos nuevos elementos, ciertamente preocupantes.
Primero fue la publicación en Irlanda del Informe sobre los Abusos a la Infancia, que certificó la existencia de 25.000 víctimas de agresiones pederastas por parte de eclesiásticos católicos. Tan mayúsculo escándalo apenas si mereció atención mediática en la católica España, y tampoco generó respuesta oficial de la jerarquía eclesiástica. Pero sí que hubo una respuesta oficiosa, pues el cardenal Cañizares, desde la Curia romana, se permitió comparar esos abusos pederastas condenados en Irlanda con la despenalización del aborto que se debate en España. Y la comparación se produjo en el sentido de satanizar el aborto como crimen contra la vida por comparación a la pederastia, absuelta con tolerante indulgencia. Una falaz equiparación que en seguida fue hecha suya por el democristiano Mayor Oreja, candidato del PP a las elecciones europeas. A lo que vino a añadirse un comentario editorial en una revista eclesiástica patrocinada por el episcopado español con el siguiente tenor literal: "Cuando se banaliza el sexo, se disocia de la procreación y se desvincula del matrimonio, deja de tener sentido la consideración de la violación como delito penal". ¿Acaso la Iglesia católica reclama la despenalización de la pederastia sacerdotal?
Pues bien, entremos en el debate analizando tan peregrina comparación. La pederastia es hoy una de las perversiones que más indignan a la opinión pública occidental, por lo que todos los países han incrementado el rigor punitivo con que sus códigos penales castigan este delito contra la libertad, la intimidad y la integridad de los menores. A pesar de lo cual, la hipocresía de nuestra cultura cristiana es tan grande que toda nuestra imaginería mediática está atravesada por la morbosidad pedófila.
Muchos anuncios explotan la erotización de las niñas, el turismo sexual para acceder a menores inermes es un negocio floreciente que no conoce la crisis y hasta el propio Berlusconi, primer ministro italiano, alardea de su harén de menores mercenarias. A este respecto, el caso de la Iglesia católica resulta paradigmático, pues a pesar de que oficialmente condena la pederastia como pecado mortal, sin embargo, en la práctica la incentiva subrepticiamente. Y esto lo hace con un doble expediente.
Por una parte, reprime y condena la práctica normal de la sexualidad libre entre adultos, al aceptarla sólo dentro del matrimonio heterosexual con fines reproductores, y aun eso sólo como mal menor, pues proclama la castidad como ideal de santidad.
Pero al mismo tiempo, la Iglesia católica (no así las protestantes) consiente, tolera, encubre y absuelve la práctica de abusos sexuales contra menores en sus propias instituciones (colegios, seminarios, residencias), como válvula de escape a su estéril exigencia de celibato eclesiástico.
Por lo que respecta al aborto (interrupción voluntaria del embarazo), todos los países occidentales lo han ido despenalizando en los últimos lustros, sin más excepciones que ciertos reductos católicos que se resisten a hacerlo por miedo electoral a la coacción de sus episcopados. Una despenalización que está plenamente justificada de acuerdo a la filosofía del liberalismo político que inspira todas nuestras Constituciones, amparando el derecho a disponer de la propia vida que se le reconoce a cada ciudadano con plena autonomía personal. Y como en el primer tercio del embarazo el feto no es un ser autónomo, sino que depende absolutamente del cuerpo de la madre para ser viable, es ésta quien posee la plena capacidad de decidir si tenerlo o dejar de tenerlo.
De ahí la conveniencia de las leyes de plazos, comunes a todo Occidente, que garantizan el derecho al aborto con plena seguridad jurídica. Y tanto más cuanto la alternativa a la ley de plazos, que es la despenalización bajo ciertos supuestos, como la hoy vigente en España, es un coladero permisivo que genera toda clase de abusos. Y esto los juristas del PP lo saben muy bien, aunque se lo callen por oportunismo electoral.
Entonces, ¿no hay ningún denominador común entre pederastia y aborto, que serían prácticas incomparables entre sí? Sí que existe un punto en común, y es la indefinición de la frontera o umbral de edades (entre 14 y 18) para consentir la pederastia o decidir el aborto.
En el caso de la sexualidad con menores, hace tiempo que los pedófilos reclaman la rebaja de la edad legal a la que sus parejas menores pueden consentir tener relaciones sin temor a que los persigan a ellos por pederastia, pues se da la paradoja de que en muchos países la edad legal del matrimonio civil es inferior a la del consentimiento sexual.
Y en el caso del aborto, también se da esta imprecisa o equívoca definición en la edad de las embarazadas para decidir por sí mismas, cuyo ejemplo más cercano lo tenemos aquí y ahora en España, cuando se debate si las jóvenes entre 16 y 18, con mayoría de edad para casarse o decidir ser intervenidas quirúrgicamente, deben ser también libres para decidir entre abortar o no abortar.
Pues la gran pregunta que se plantea en ambos casos, el consentimiento a las relaciones sexuales y la interrupción voluntaria del embarazo, es ésta: ¿cuándo se accede a la autonomía personal? Y nótese que hablamos de mujeres de 16 a 18 años, fisiológicamente maduras desde edad muy anterior a la de sus coetáneos varones (lo que explica la diferencia media de edad en el momento de casarse).
Aquí aparece la gran contradicción que afecta a la opinión pública española, que si bien parece favorable a la ley de plazos, se muestra renuente a que las jóvenes menores de 18 tengan libertad para decidir sin el conocimiento y consentimiento de sus progenitores. Y es que la reacción católica contra el proyecto de reforma del aborto ha tenido la habilidad de presentar sus objeciones no como un ataque contra la autonomía personal de las jóvenes, sino como una defensa de la patria potestad de sus progenitores. Y la sociedad española se ha dejado aparentemente convencer, sin preguntarse qué pasaría con las menores musulmanas que quisieran abortar contra la oposición y el seguro castigo de sus familias.
Pero no hay que ir tan lejos, pues en materia de autoritarismo integrista, las familias españolas del Opus Dei, de los Kicos o de los Legionarios de Cristo no tiene casi nada que envidiar al fundamentalismo musulmán. Lo cual entra dentro de la tradición de la cultura católica, históricamente fundada en el principio autoritario de la patria potestad: sea la patria potestad del padre espiritual, el sacerdote que se cree con derecho a disponer de la intimidad de los menores a su cargo, o sea la patria potestad del latino pater familias, que se cree con derecho a recortar la autonomía personal de los hijos a su cargo, manteniéndolos bajo su dominio sometidos a la dependencia familiar.