Educación recibe cada curso cien quejas de padres por los suspensos de sus hijos. Sólo un 2% de las reclamaciones que llegan al servicio provincial acaba con un cambio de calificación. Heraldo de Aragón 2/03/09. P. CIRIA. Zaragoza
El Servicio Provincial de Educación de Zaragoza recibe cada curso más de un centenar de reclamaciones de padres disconformes con las calificaciones finales que los profesores han puesto a sus hijos. Casi el 90% de las quejas se desestiman y la mayoría hacen referencia a alumnos que han suspendido todas o casi todas las asignaturas. Sólo en un 2% de los casos la revisión de los inspectores concluye con un cambio de calificación.
A la DGA llegan las quejas que no se han resuelto en los centros. Es decir, después de que la familia pida en el colegio o instituto que se revise el examen -lo repasa uno o varios docentes diferentes al que puso la nota-. Si los padres no están satisfechos con la decisión que toman esos profesionales, tienen dos días para pedir por escrito a la dirección del centro que quieren que lo revisen en el Servicio Provincial de Educación. Allí, un inspector especialista analiza el caso y emite un informe en función del que se modifica o no la nota. Cada reclamación requiere un estudio individualizado y pormenorizado y la llegada de más de un centenar de quejas de este tipo cada vez que termina el curso congestiona el trabajo de los inspectores.
Además de protestas por las calificaciones, a Educación llegan también algunas quejas de familias que piden que los profesores dejen a sus hijos llevarse los exámenes a casa para poder ver cómo evoluciona el alumno o para trasladárselos a un profesor particular que ayude al estudiante a recuperar la materia en la que renquea, por ejemplo. Este tema lo rige una norma ministerial de 1995 en la que se reconoce el derecho de los padres a que el docente les informe del resultado de las pruebas y a que les enseñe esos ejercicios. Pero esto lo deben hacer en el colegio o instituto. Es decir, tienen que revisar los exámenes con el profesor, sin sacarlo de las instalaciones educativas. “Los centros deben custodiar todas las pruebas y asegurarse de que no se extravían”, explica Enrique Miranda, jefe del servicio de inspección, evaluación y ordenación.
Esto ha suscitado polémicas en algunas comunidades en las que las familias han presentado quejas al defensor del pueblo para que se les permita tener los exámenes. En Aragón, en puntuales ocasiones algunos padres han recurrido a abogados para asesorarse y pedir que los profesores les dieran las evaluaciones.
Este asunto deberá tratarse cuando se revise la orden ministerial que, según el jefe del servicio de inspección, evaluación y ordenación, se abordará en breve. “Otras comunidades ya la han adaptado a los nuevos tiempos. Unas optan por puntualizar que sí se pueden sacar del centro los exámenes, otras mantienen la negativa. Habrá que ver qué se hace en Aragón”, añade Miranda.
El Servicio Provincial de Educación de Zaragoza recibe cada curso más de un centenar de reclamaciones de padres disconformes con las calificaciones finales que los profesores han puesto a sus hijos. Casi el 90% de las quejas se desestiman y la mayoría hacen referencia a alumnos que han suspendido todas o casi todas las asignaturas. Sólo en un 2% de los casos la revisión de los inspectores concluye con un cambio de calificación.
A la DGA llegan las quejas que no se han resuelto en los centros. Es decir, después de que la familia pida en el colegio o instituto que se revise el examen -lo repasa uno o varios docentes diferentes al que puso la nota-. Si los padres no están satisfechos con la decisión que toman esos profesionales, tienen dos días para pedir por escrito a la dirección del centro que quieren que lo revisen en el Servicio Provincial de Educación. Allí, un inspector especialista analiza el caso y emite un informe en función del que se modifica o no la nota. Cada reclamación requiere un estudio individualizado y pormenorizado y la llegada de más de un centenar de quejas de este tipo cada vez que termina el curso congestiona el trabajo de los inspectores.
Además de protestas por las calificaciones, a Educación llegan también algunas quejas de familias que piden que los profesores dejen a sus hijos llevarse los exámenes a casa para poder ver cómo evoluciona el alumno o para trasladárselos a un profesor particular que ayude al estudiante a recuperar la materia en la que renquea, por ejemplo. Este tema lo rige una norma ministerial de 1995 en la que se reconoce el derecho de los padres a que el docente les informe del resultado de las pruebas y a que les enseñe esos ejercicios. Pero esto lo deben hacer en el colegio o instituto. Es decir, tienen que revisar los exámenes con el profesor, sin sacarlo de las instalaciones educativas. “Los centros deben custodiar todas las pruebas y asegurarse de que no se extravían”, explica Enrique Miranda, jefe del servicio de inspección, evaluación y ordenación.
Esto ha suscitado polémicas en algunas comunidades en las que las familias han presentado quejas al defensor del pueblo para que se les permita tener los exámenes. En Aragón, en puntuales ocasiones algunos padres han recurrido a abogados para asesorarse y pedir que los profesores les dieran las evaluaciones.
Este asunto deberá tratarse cuando se revise la orden ministerial que, según el jefe del servicio de inspección, evaluación y ordenación, se abordará en breve. “Otras comunidades ya la han adaptado a los nuevos tiempos. Unas optan por puntualizar que sí se pueden sacar del centro los exámenes, otras mantienen la negativa. Habrá que ver qué se hace en Aragón”, añade Miranda.
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