EDUCACIÓN Cuarenta y dos profesores han pedido ayuda psicológica por acoso el último año. La mayoría de las llamadas al teléfono del Defensor del Do
cente son de educadores de Secundaria. Los profesionales piden que la Ley del Menor permita que se dicten órdenes de alejamiento si se producen agresiones. P. CIRIA
"Agredir a un profesor sale muy barato". Los profesionales de la enseñanza quieren que esta máxima quede obsoleta y deje de ser una justificación para que la violencia contra ellos en las aulas se repita todos los cursos. En el último año, 42 docentes aragoneses han contactado con el teléfono del Defensor del Profesor para recibir ayuda psicológica tras recibir presiones, insultos amenazas o, incluso, agresiones por parte de sus alumnos. Respecto al resto de España, Aragón se sitúa entre las comunidades con menos atenciones, lejos de las 205 de Andalucía o las 149 de Castilla-La Mancha. Sin embargo, supera en llamadas a otras como Extremadura (40), Asturias (21), Baleares y Navarra (ambas con 6 cada una).
Aunque no existe un perfil definido del educador acosado, la mayoría de los afectados dan clases de ESO (12-16 años), la etapa más "estresante" para los docentes. Entre las causas que motivan las llamadas destacan la imposibilidad de impartir clase (31% de las consultas) y, cada vez más, las presiones de los padres (entre denuncias y amenazas suman el 29% de las consultas).
En el teléfono del Defensor del Profesor -de ámbito estatal y creado por el sindicato independiente Anpe-, los educadores cuentan con un equipo de especialistas que asesoran psicológica y jurídicamente a los docentes que se sienten amenazados. P
rimero se les ayuda a desahogarse y después se les aconseja cómo pueden vencer su problema. Si el acosado quiere denunciar el caso, también se le da ayuda jurídica.
Para que estas llamadas no se repitan una y otra vez y no aumenten, Anpe ha solicitado que se modifique la Ley del Menor. Pretenden que se puedan aplicar órdenes de alejamiento a los alumnos que agredan o acosen a los docentes. Y estos quieren que se les reconozca legal y efectivamente su autoridad "como a un agente municipal, cuya palabra prima gracias a la presunción de veracidad en caso de conflicto", señalan desde el sindicato. Para reconocer la autoridad del docente y que se cataloguen como atentado a la autoridad las agresiones "es necesario que se modifiquen las leyes educativas", añaden.
Desde Anpe alertan, además, del incremento de las agresiones de padres que jamás cuestionan el comportamiento de sus hijos y del creciente uso de los menores de teléfonos y vídeos para grabar acciones violentas y vejaciones que luego cuelgan impunemente en internet. "Agredir a un profesor sale tan barato como un todo a cien; una madre que abofeteó a una profesora tuvo una sanción de 120 euros", denuncia la psicóloga Inmaculada Suárez Valdés, desde el sindicato.
cente son de educadores de Secundaria. Los profesionales piden que la Ley del Menor permita que se dicten órdenes de alejamiento si se producen agresiones. P. CIRIA"Agredir a un profesor sale muy barato". Los profesionales de la enseñanza quieren que esta máxima quede obsoleta y deje de ser una justificación para que la violencia contra ellos en las aulas se repita todos los cursos. En el último año, 42 docentes aragoneses han contactado con el teléfono del Defensor del Profesor para recibir ayuda psicológica tras recibir presiones, insultos amenazas o, incluso, agresiones por parte de sus alumnos. Respecto al resto de España, Aragón se sitúa entre las comunidades con menos atenciones, lejos de las 205 de Andalucía o las 149 de Castilla-La Mancha. Sin embargo, supera en llamadas a otras como Extremadura (40), Asturias (21), Baleares y Navarra (ambas con 6 cada una).
Aunque no existe un perfil definido del educador acosado, la mayoría de los afectados dan clases de ESO (12-16 años), la etapa más "estresante" para los docentes. Entre las causas que motivan las llamadas destacan la imposibilidad de impartir clase (31% de las consultas) y, cada vez más, las presiones de los padres (entre denuncias y amenazas suman el 29% de las consultas).
En el teléfono del Defensor del Profesor -de ámbito estatal y creado por el sindicato independiente Anpe-, los educadores cuentan con un equipo de especialistas que asesoran psicológica y jurídicamente a los docentes que se sienten amenazados. P
rimero se les ayuda a desahogarse y después se les aconseja cómo pueden vencer su problema. Si el acosado quiere denunciar el caso, también se le da ayuda jurídica.Para que estas llamadas no se repitan una y otra vez y no aumenten, Anpe ha solicitado que se modifique la Ley del Menor. Pretenden que se puedan aplicar órdenes de alejamiento a los alumnos que agredan o acosen a los docentes. Y estos quieren que se les reconozca legal y efectivamente su autoridad "como a un agente municipal, cuya palabra prima gracias a la presunción de veracidad en caso de conflicto", señalan desde el sindicato. Para reconocer la autoridad del docente y que se cataloguen como atentado a la autoridad las agresiones "es necesario que se modifiquen las leyes educativas", añaden.
Desde Anpe alertan, además, del incremento de las agresiones de padres que jamás cuestionan el comportamiento de sus hijos y del creciente uso de los menores de teléfonos y vídeos para grabar acciones violentas y vejaciones que luego cuelgan impunemente en internet. "Agredir a un profesor sale tan barato como un todo a cien; una madre que abofeteó a una profesora tuvo una sanción de 120 euros", denuncia la psicóloga Inmaculada Suárez Valdés, desde el sindicato.
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