EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. Una asociación presenta 744 casos de objeción a Educación para la Ciudadanía. I. MUÑOZ
Hasta 744 casos de objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía en la comunidad aragonesa. Son los datos que maneja el principal colectivo opositor a esta materia, "¡EpC, va a ser que no!";, y que ayer dieron a conocer. Según la portavoz de esta plataforma, Teresa Monaj, ya son más de 50.000 los padres españoles que se han negado a enviar a sus hijos a las clases de la nueva asignatura, lo que supone a su juicio "el movimiento objetor más importante del país".
Atendiendo a estos datos, Zaragoza canaliza el grueso de las renuncias, con 452, seguida de Huesca, con 208, y Teruel, que presenta 84. Además, ya se han tramitado 36 recursos contencioso-administrativos y se han dictaminado 18 autos de medidas cautelares en favor de padres objetores: 6 en Huesca, 5 en Zaragoza y 7 en Barbastro, zona donde esta plataforma es especialmente combativa.
Su portavoz, Joaquín Polo, recordó que las últimas sentencias reconocen el derecho a la objeción de conciencia porque "en esta asignatura estamos en presencia de contenidos y objetivos que se refieren a la formación moral, que no pueden formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo", según la libertad de enseñanza que garantiza la Constitución. En este sentido, Polo aseguró que, una asignatura "tan contestada socialmente y con tal cúmulo de sentencias, algo debe de tener". A su juicio, "solo por esto debería ser retirada del sistema educativo".
Oposición de la DGA
La disputa continúa entre padres disconformes con la asignatura y la consejería de Educación. Hasta la fecha, la DGA ha mostrado claramente su rechazo a cualquier tipo de objeción y ha presentado diferentes recursos de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El argumento que tanto el Ejecutivo aragonés como el Ministerio y el propio Gobierno central han repetido en numerosas ocasiones es que la materia está dentro de los planes de estudios y que los alumnos que no la cursen no superarán su formación académica.
Los colectivos opositores, por su parte, protestan por la desigual lucha a la que se enfrentan. "La actitud de los padres que se deciden a objetar es heroica por todas las presiones que se están recibiendo tanto de la abogacía del Estado, de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón y de la Fiscalía".
Más de 1.600 recursos en España
En todo caso, las más de 700 plataformas de padres que se han creado en el país ha raíz de la aprobación de Educación para la ciudadanía cuentan con una gran cobertura jurídica, incluido un equipo de abogados de Profesionales por la Ética. Su responsable, José Luis Bazán, se desplazó ayer hasta la capital aragonesa para informar de que ya se han presentado unos 1.600 recursos en todo el territorio nacional y anunció que más de 150 resoluciones han sido favorables para los padres objetores.
Bazán propuso como alternativa un escenario de objetividad. "Lo que nosotros ponemos en entredicho es la potestad del estado para la educación moral, por eso pedimos neutralidad". Según explicó, esa es una vía "complicada", por lo que abogó por "retirar la asignatura y, a partir de ahí, dialogar". Eso sí, según explicó, "dialogar no significa renunciar a derechos sustanciales, como el que tienen los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones morales".
Hasta 744 casos de objetores a la asignatura de Educación para la Ciudadanía en la comunidad aragonesa. Son los datos que maneja el principal colectivo opositor a esta materia, "¡EpC, va a ser que no!";, y que ayer dieron a conocer. Según la portavoz de esta plataforma, Teresa Monaj, ya son más de 50.000 los padres españoles que se han negado a enviar a sus hijos a las clases de la nueva asignatura, lo que supone a su juicio "el movimiento objetor más importante del país".
Atendiendo a estos datos, Zaragoza canaliza el grueso de las renuncias, con 452, seguida de Huesca, con 208, y Teruel, que presenta 84. Además, ya se han tramitado 36 recursos contencioso-administrativos y se han dictaminado 18 autos de medidas cautelares en favor de padres objetores: 6 en Huesca, 5 en Zaragoza y 7 en Barbastro, zona donde esta plataforma es especialmente combativa.
Su portavoz, Joaquín Polo, recordó que las últimas sentencias reconocen el derecho a la objeción de conciencia porque "en esta asignatura estamos en presencia de contenidos y objetivos que se refieren a la formación moral, que no pueden formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo", según la libertad de enseñanza que garantiza la Constitución. En este sentido, Polo aseguró que, una asignatura "tan contestada socialmente y con tal cúmulo de sentencias, algo debe de tener". A su juicio, "solo por esto debería ser retirada del sistema educativo".
Oposición de la DGA
La disputa continúa entre padres disconformes con la asignatura y la consejería de Educación. Hasta la fecha, la DGA ha mostrado claramente su rechazo a cualquier tipo de objeción y ha presentado diferentes recursos de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El argumento que tanto el Ejecutivo aragonés como el Ministerio y el propio Gobierno central han repetido en numerosas ocasiones es que la materia está dentro de los planes de estudios y que los alumnos que no la cursen no superarán su formación académica.
Los colectivos opositores, por su parte, protestan por la desigual lucha a la que se enfrentan. "La actitud de los padres que se deciden a objetar es heroica por todas las presiones que se están recibiendo tanto de la abogacía del Estado, de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón y de la Fiscalía".
Más de 1.600 recursos en España
En todo caso, las más de 700 plataformas de padres que se han creado en el país ha raíz de la aprobación de Educación para la ciudadanía cuentan con una gran cobertura jurídica, incluido un equipo de abogados de Profesionales por la Ética. Su responsable, José Luis Bazán, se desplazó ayer hasta la capital aragonesa para informar de que ya se han presentado unos 1.600 recursos en todo el territorio nacional y anunció que más de 150 resoluciones han sido favorables para los padres objetores.
Bazán propuso como alternativa un escenario de objetividad. "Lo que nosotros ponemos en entredicho es la potestad del estado para la educación moral, por eso pedimos neutralidad". Según explicó, esa es una vía "complicada", por lo que abogó por "retirar la asignatura y, a partir de ahí, dialogar". Eso sí, según explicó, "dialogar no significa renunciar a derechos sustanciales, como el que tienen los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones morales".
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